Álvarez realizó estas declaraciones en la clausura de un seminario con motivo de los 40 años de la Lismi (la primera ley general de discapacidad de España), organizado por el Real Patronato sobre Discapacidad en el Congreso de los Diputados.

En su opinión, “es una demanda histórica de las organizaciones de personas con discapacidad, pero también de la sociedad en general”. Por ello, debería “expresar la voluntad de todas las fuerzas políticas”, a las que pidió apoyar la reforma constitucional para que esta se produzca “con la mayor celeridad posible”.

Asimismo, Álvarez se refirió a otros avances en el campo de la discapacidad en los que “el Gobierno también quiere pisar el acelerador”.

Entre estos, citó la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, la aprobación de la nueva Ley de Familias, y la transformación del sistema de cuidados hacia un modelo “donde las preferencias de la persona estén en el centro”, dentro del componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por otro lado, avanzó que la próxima semana el Consejo de Ministros dará luz verde a la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030, de cara a su puesta en marcha lo antes posible.

DEMANDA DEL SECTOR

El seminario fue inaugurado por el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez; el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco; y la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.

“Como hija de su tiempo”, la Lismi contenía “muchos conceptos que se han quedado anticuados”, admitió Pérez, pero “fue pionera a la hora de establecer la obligación de promover políticas públicas” de apoyo a las personas con discapacidad. Con todo, subrayó que “hoy tenemos otros elementos de desafío legislativo para las personas con discapacidad: ni más ni menos que la primera reforma social de la Constitución”. A su juicio, se trata de “un desafío enorme que todas las fuerzas políticas de esta Cámara, y también del Senado, están llamadas a respaldar”.

“El mejor favor que se puede hacer a las personas con discapacidad y a toda la sociedad sería reformar por el más amplio consenso posible ese artículo, a fin de borrar expresiones en las que ya nadie se reconoce”, insistió. Por eso, “desde el sector de la discapacidad creemos que el mejor homenaje que podemos hacer a la Lismi es la modificación consensuada del artículo 49 de la Constitución”, defendió.

“Creemos que las fuerzas políticas estarán a la altura, que serán capaces de superar sus legítimas discrepancias y que nos harán caso a las personas con discapacidad”, agregó el presidente del Cermi.

Según Martín Blanco, “la discapacidad siempre ha sido en Congreso y Senado elemento de cohesión”, donde las fuerzas políticas “han sabido dar respuesta a las demandas de las personas con discapacidad”. “No es admisible que en 2022 se llame a parte de los compatriotas ‘disminuidos’”, argumentó, pero “esta reforma va mucho más allá, pues el nuevo artículo 49 tendría una estructura renovada que entiende la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos y deja atrás el modelo paternalista y asistencial”.

Por tanto, Martín Blanco aseguró que esta modificación constitucional que impulsa el Gobierno es “una reclamación" de las organizaciones de personas con discapacidad que “responde al consenso parlamentario en la pasada legislatura”, con lo que “no admite más enmiendas que aquellas encaminadas a su mejora”.

Meritxell Batet destacó, a su vez, que “la primera discriminación” que muchos colectivos sufren tiene que ver con la incapacidad de la sociedad de “apreciar sus dificultades y ser consciente de su falta de oportunidades” y de que estas se deben precisamente a la misma organización social.

Explicó que esto es lo que propugna el modelo social de la discapacidad, cuya concepción impregna la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de estas personas, aprobada en 2006 y ratificada por España en 2008.

Por ello, “una de las tareas pendientes es llevar a buen puerto la reforma del artículo 49”, apuntó Batet, a fin de armonizar la legislación española con la Convención. “Este consenso necesario tendrá un gran valor, ya que supondrá la actualización del compromiso constitucional con las personas con discapacidad”, argumentó Batet. “Esperemos que todos sepamos estar a la altura”.

PROGRAMA

El director de la Real Academia Española y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Santiago Muñoz, ofreció a continuación la ponencia ’Cuarenta años de legislación sobre discapacidad en España: de la atención a los derechos’.

Tras ella, el director del Real Patronato sobre Discapacidad moderó el conversatorio 'Horizontes legislativos en materia de personas con discapacidad: la reforma constitucional en curso’.

Intervinieron en él la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Yolanda Gómez; el magistrado de lo Social del TSJ del País Vasco, Juan Carlos iturri; el profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Antonio Luis Martínez; la profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, María del Carmen Barranco; el profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Enrique Belda; y la patrona de Fundación Cermi Mujeres, Mayte Gallego.