En concreto, según indicaron fuentes parlamentarias, las enmiendas llegaron ayer al Congreso y el Ejecutivo presentó hoy dos vetos a la reunión de la Mesa de la Cámara Baja de esta misma mañana con el objetivo de evitar que dos enmiendas impulsadas por el PP puedan incluirse en la ley de multirreincidencia.

Según las citadas fuentes, se trata de dos enmiendas impulsadas por los populares y que contaban con el apoyo de Junts. Una de ellas, es la que hace referencia a la ampliación de fiscales. Para el Gobierno, esta iniciativa implica la creación de 491 plazas de fiscales nuevas, algo que supondría casi 54 millones de euros.

La otra hacía referencia a “reforzar las garantías frente a la impunidad y seguridad en España”. Fuentes parlamentarias comentaron que, en este caso, esta enmienda del PP afecta al asilo y residencia, y supondría la creación de 400 plazas de funcionarios en comisarías de policía, en total, casi 17 millones de euros.

Así, el Ejecutivo presentó vetos a estas dos enmiendas por motivos presupuestarios. Estos vetos llegaron a la Mesa del Congreso y fueron aceptados por la misma, ya que cuenta con mayoría del PSOE y de Sumar. Estas enmiendas se iban a debatir y votar el jueves en esta Cámara, unos cambios relacionados con la regularización extraordinaria que llevará a cabo el Ejecutivo.

"ES UNA MAFIA"

El PP ya ha avanzado que recurrirá esta decisión de la Mesa y se plantea abrir otro conflicto de atribuciones en el Tribunal Constitucional a través del Senado. Los populares niegan, por un lado, que afecte al Presupuesto en vigor, puesto que lleva prorrogado desde el 2023 y la jurisprudencia rechaza esta "excusa". Y por otro, reprueban que el Gobierno haga una estimación del coste presupuestario de su medida cuando no hace alusión ninguna a la contratación de nuevos funcionarios.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, considera que el Gobierno ha maniobrado así porque sabe que sus enmiendas cuentan con una mayoría suficiente para ser aprobadas en la Cámara Baja. Y acusó al Ejecutivo de estar "reconociendo que no le importa que entren delincuentes" en España y "convertir" al país "en un coladero de delincuentes en contra de las propuestas y las leyes europeas. "Han vaciado de competencias a las Cortes Generales, ni podemos legislar ni podemos autorizar gastos. Estamos maniatados frente a un Gobierno que es una mafia".

Las enmiendas del PP establecían que "todas las autorizaciones de residencia" debían precisar de que el solicitante "carezca de antecedentes penales y que no sea sujeto de una pendencia penal suficiente en España o en los países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español, y que no figure como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido".

También fijaba que "la carencia de antecedentes penales deberá acreditarse mediante certificación oficial expedida por las autoridades competentes del Estado o Estados de origen o de anterior residencia". Y que, "en ningún caso, la imposibilidad de obtención de dicha certificación, la falta de respuesta de autoridades extranjeras o la inactividad administrativa podrán dar lugar a presunciones automáticas favorables ni a la sustitución de este requisito por otros medios como declaraciones responsables".

El Gobierno considera que esta medida supone un coste de 16 millones de euros y justifica así su veto presupuestario.

RESPUESTA DE JUNTS

Sobre este tema, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, aseguró en una entrevista en TV3 recogida por Servimedia que es "una lástima" que el Gobierno "pretenda imponer medidas y que no pasen por el Parlamento" y señaló que su partido iba a votar este jueves a favor de estas enmiendas del PP.

Su voto a favor era para que el Gobierno "hiciese aquello que están haciendo la mayoría de países de la Unión Europea" y defendió que en la enmienda del PP "no hay prácticamente nada que no se esté diciendo ya" en la Ley de Extranjería que el Ejecutivo de España "tendría que cumplir y no está cumpliendo".

El Gobierno, criticó, está "yendo a contracorriente de todos los países de la Unión Europea", por lo que señaló que es "una pena" que, con el "pretexto de que hay un aumento presupuestario, pese a que ya está incluido en la Ley de Extranjería", "vete esta enmienda" del PP para que "no se acabe votando". A su juicio, esto es "todo menos democrático".

Al mismo tiempo, Nogueras deploró que España, sobre todo Cataluña, se tenga que "comer" y "tragar el sapo" de una regularización masiva de inmigrantes cuando "no se ha está haciendo en ningún país de la Unión Europea", sino que "la regularización cada vez es más estricta".