El Ejecutivo presentó este martes un documento a la Mesa del Congreso, al que ha tenido acceso Servimedia, en el que traslada su criterio respecto de las modificaciones legislativas incorporadas en la Cámara Alta durante el trámite parlamentario de las nuevas leyes de discapacidad y dependencia.

La consecuencia es que el orden del día excluirá varias de las mejoras para las personas con discapacidad y dependencia que ya estaban aprobadas por el Senado y ni siquiera se someterán a debate y votación en el Pleno del Congreso, algunas de las cuales tenían posibilidades de prosperar al contar con el apoyo de PP y Junts.

El Gobierno de coalición justifica su veto en el incremento presupuestario de más de 772 millones que implicaría, a su juicio, la incorporación de dichas enmiendas al texto final, que será aprobado este miércoles por el Pleno de la Cámara Baja.

Las enmiendas se refieren, en primer lugar, a la extensión al ámbito tributario de la asimilación de las personas en situación de dependencia que pasarán a tener la consideración de personas con discapacidad, en el mínimo del 33% para las de grado I de dependencia y al 65% las de grado II y III de dependencia, con los descuentos fiscales correspondientes en el impuesto sobre la renta.

Junto a ello, también se han vetado enmiendas relativas a la aportación de la Administración General del Estado al sistema de dependencia, copago, servicios financiables y régimen de atención del grado III+ e IVA reducido, entre otras.