A través de medidas compensatorias, indica este Ejecutivo en una nota, el objetivo de esta prestación es mejorar la calidad de vida y fomentar la integración social de las personas con discapacidad. Con estos cambios, que se aplicarán en la convocatoria de 2023, se prevé incrementar el número de personas beneficiarias y simplificar la tramitación de las ayudas.

Estas ayudas, continua, promueven que personas con discapacidad obtengan o reconviertan el permiso de conducir o adapten su vehículo. También se pueden solicitar para adquirir productos o servicios de apoyo, como sillas salva escaleras, audífonos, teléfonos móviles con voz, así como cursos de aprendizaje de la lengua de signos o de lectura labial.

Asimismo, contemplan que se puedan solicitar intérpretes para personas sordas o sordociegas en formación postobligatoria y ocupacional, entre otros productos y servicios. En cada convocatoria se establece un catálogo de productos y actuaciones (la última prevé más de 110 prestaciones).

Uno de los cambios aprobados hoy hace referencia a los criterios económicos que permiten acceder a estas ayudas. A partir de ahora, se tendrá en cuenta únicamente la capacidad económica de las personas solicitantes, sin valorar en ningún sentido la de los miembros de la unidad familiar.

COMPROBACIÓN POSTERIOR

Además, a partir del año que viene, la prestación que se concede no se verá reducida en función de la capacidad económica de las personas, sino que corresponderá a los impuestos de los módulos establecidos en el orden de la convocatoria.

Las cantidades a percibir según la tipología del producto o actuación las fija el Área de Promoción de Accesibilidad y de Supresión de Barreras del Departamento de Derechos Sociales, que tienen en cuenta los valores medios de mercado estimados.

Para acabar, otra de las modificaciones afectará el sistema de pago de las prestaciones. Si hasta ahora el abono de las resoluciones estaba condicionado a la justificación previa del gasto, a partir de la convocatoria del año que viene se pagarán las prestaciones concedidas de acuerdo con el importe que consta en las resoluciones, sin necesidad de justificación previa y se realizará una verificación por muestreo a posteriori.

El Departamento de Derechos Sociales prevé avanzar la publicación de la convocatoria de estas ayudas al primer trimestre de 2023 y destinarle más del doble del presupuesto. Atendiendo a que este año no se ha abierto la convocatoria, el año que viene se permitirá, de manera excepcional, presentar gastos que se hayan efectuado durante 2022.