Así se desprende de su informe ‘Destrucción a Toda Costa 2026’ que también pone cifras y ejemplos de la vulnerabilidad de la costa ante el colapso climático y el abuso del ladrillo, mostrando que se encuentra en un punto crítico.

En análisis denuncia, además, que este año las administraciones destinarán unos 246 millones de euros a reparar daños causados por temporales y reponer arena, una estrategia que la organización considera cada vez más costosa e ineficaz frente al avance del mar.

En concreto, el estudio señala que más de un centenar de playas han necesitado este año reparaciones artificiales, con el dicho coste de 246 millones de euros, una cifra que, según Greenpeace, triplica la inversión anual del Estado destinada a la protección de todo el litoral.

La responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, María José Caballero, aseguró que "aferrarse a una costa que ya no existe no es proteger la economía, es financiar un naufragio anunciado". Sobre los identificados 200 puntos críticos afectados por la erosión, la subida del nivel del mar o infraestructuras que alteran el transporte natural de sedimentos, el informe expone que entre los casos más preocupantes destaca el Delta del Ebro, considerado por la organización como el enclave más vulnerable de la Península Ibérica.

El análisis también señala las playas de la Albufera de Valencia, que han perdido más de 90 metros en seis décadas; la costa de Doñana; La Manga del Mar Menor; Camposoto en Cádiz; Maspalomas en Gran Canaria o el litoral sur de Castellón.

Al mismo tiempo, el informe de Greenpeace señala riesgos elevados en la playa de Somo y el Puntal de Laredo (Cantabria), donde algunos modelos prevén la pérdida de prácticamente toda la superficie arenosa actual, y en el malecón de Zarautz (Guipúzcoa).

BIODIVERSIDAD Y EMPLEO

La organización subraya que el deterioro costero tiene también consecuencias ecológicas y económicas. El informe advierte de la rápida tropicalización del Mediterráneo, que se calienta un 20% más rápido que la media global, lo que está favoreciendo la pérdida de praderas de posidonia y corales y alterando las poblaciones de especies pesqueras.

Asimismo, alerta de que la erosión de las playas amenaza directamente al sector turístico. Greenpeace recordó que el 62% del empleo turístico español se concentra en destinos de sol y playa y sostiene que, en provincias como Málaga o Cádiz, la pérdida de un solo metro de playa seca puede poner en riesgo entre 300 y 500 puestos de trabajo.

Greenpeace denuncia además los intentos de modificar o debilitar la Ley de Costas impulsados por la mayoría de las comunidades autónomas. La organización considera que estas iniciativas ignoran la realidad física del litoral y el impacto creciente del cambio climático.

En esta línea, Caballero afirmó que quienes presentan la norma como una amenaza para los municipios costeros se equivocan de diagnóstico: "La verdadera sentencia se firmó el día que decidimos, erróneamente, que el cemento era más fuerte que el oleaje".

FRENAR EL LADRILLO

Frente al modelo actual, Greenpeace reclamó una estrategia basada en soluciones naturales y adaptación al cambio climático. La organización propuso restaurar dunas y humedales, limitar las construcciones en zonas inundables, planificar la retirada gradual de infraestructuras expuestas al avance del mar y favorecer que los ríos vuelvan a aportar sedimentos a las playas.

El informe recoge unos 50 ejemplos considerados exitosos, entre ellos la recuperación dunar de la playa de Berria (Cantabria), la retirada de infraestructuras costeras en Calafell y Vila-seca (Tarragona) y la renaturalización de la playa de l'Auir, en Gandía.

Caballero concluyó que "la costa española se encuentra en una encrucijada" y reclamó a las administraciones que "dejen de financiar un naufragio anunciado" para devolver espacio a un mar que, según afirmó, "sencillamente, no entiende de títulos de propiedad".