Aunque la prohibición no entrará en vigor hasta el 31 de diciembre de 1997, Greenpeace considera que se trata de una "victoria aplastante para la justicia medioambiental del mundo".

Para Kevin Stairs, portavoz de la organización ecologista, "por fin se ha eliminado la laguna legal que permitía la exportación de residuos bajo el pretexto del reciclaje, con lo que se abre una nueva era para promover la prevención de la generación de residuos y la producción limpia".

Kevin Stais cree que la prohibición total a la exportación obligará a los países más ricos a responsabilizarse totalmente de los desechos que generen.

Greenpeace ha felicitado a los gobiernos de China, Dinamarca y España por la postura firme que han mantenido a favor de la prohibición, consiguiendo así imponer sus tesis sobre las de aquellos que deseaban seguir exportando residuos tóxicos, fundamentalmente, Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Alemania y Reino Unido.

El Programa de Naciones Unidas par el Medio Ambiente (PNUMA) estima que de los 400 millones de toneladas de residuos que se producen cada año en el mundo, el 98 por ciento proceden de los países de la OCDE.

La resolución de la Convención de Basilea siginifica la desaparición de los nuevos mercados, destinatarios de residuos tóxicos, que comenzaban a aparecer en Europa del Este y Asia.