Greenpeace celebró las medidas del decreto que “ayudan a acelerar la transición limitando el poder del oligopolio eléctrico” y el rol de las centrales de gas. Así, valoró positivamente que la norma proponga “limitar el poder de los agentes del sistema eléctrico con mayores controles” por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencias (CNMC) e imponiendo a las distribuidoras tiempos máximos de tramitación para los refuerzos de las líneas e infraestructuras necesarios para cargadores de vehículos eléctricos o electrificación de la demanda.

Sin embargo, recordó que “no basta con limitar el poder del oligopolio”, sino que debe “acabar con ese poder como única vía para evitar su boicot actual” al consumo colectivo o las comunidades energéticas.

Por ello, Greenpeace demandó medidas adicionales para separar de manera efectiva y no solo contable a las empresas y grupos que realicen actividades energéticas reguladas y liberalizadas. Además, reclamó “regular el abuso del uso especulativo de las hidroeléctricas por parte de las compañías concesionarias”.

La organización ecologista también valoró positivamente que uno de los ejes prioritarios del Gobierno sea “activar las inversiones en almacenamiento”, y en especial en hibridación con las plantas renovables ya existentes. Consideró positiva la “agilización de sus trámites recortando a la mitad los plazos para los hitos administrativos de las baterías hibridadas con plantas renovables preexistentes”.

Sin embargo, consideró “peligrosa y totalmente innecesaria” la eliminación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para estas instalaciones que ya disfrutan de EIA simplificada con plazos máximos de resolución de tres meses. Además, al eliminarla “se cierra la única puerta de participación pública durante toda la tramitación”.

Por último, Greenpeace pidió que se “elimine la exención de la EIA para las baterías en hibridación” con plantas renovables y se “siga con la EIA simplificada como hasta ahora”.