Las redes desarticuladas usaban testaferros y sociedades interpuestas, aprovechando el sistema bancario para la ocultación del movimiento de grandes capitales, su evasión al exterior y su regreso ua vez blanqueado.

La operación comenzó a raiz de la denuncia presentada ante la Guardia Civil por representantes de las entidades de gestión de los derechos audiovisuales, ante la grave situación que venía produciéndose en el sector de la creación y mercado audiovisual que mermaban el fruto del trabajo como consecuencia del fraude masivo en la comercialización de cintas de video y audio protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual.

Las defraudaciones realizadas por estas bandas conllevaban tambén un grave perjuicio a la Hacienda Pública, debido a los impuestos no repercutidos que podrían superar los 1.000 millones de pesetas.