Fuentes del departamento que dirige Ana Redondo informaron este miércoles de las conclusiones alcanzadas en el comité de crisis que analizó esos casos, de los que se pueden extraer "una serie de conclusiones generales" para definir recomendaciones "de factible implementación a medio plazo".

Así, se han detectado situaciones de especial "vulnerabilidad e interseccionalidad", como el caso de mujeres y agresores con adicciones; vulnerabilidad económica o desempleo; intentos autolíticos de la víctima; mujeres plurivictimadas y multiagresores, que son casos de especial complejidad y vulnerabilidad; la ruralidad como posible factor de riesgo; agresores reincidentes; no reconocimiento de la situación de violencia ni por parte de la víctima ni del entorno, lo que impide su detección; falta de conciencia de la víctima respecto al riesgo, lo que dificulta su protección; no reconocimiento de la violencia psicológica como violencia de género, ni por parte de la víctima ni de los entornos; distintas etnias como factor de vulnerabilidad; mujeres migrantes sin red de apoyo; menores a cargo, y situaciones de discapacidad.

Con ese diagnóstico, se han propuesto diversas líneas de actuación a trabajar desde el ministerio y con distintos actores externos. Entre ellas, mejorar la coordinación e intercambio de información del sistema judicial y policial al sistema asistencial (servicios sociales y servicios especializados); subrayar la conveniencia de la instalación de dispositivos de control telemático de medidas y penas de prohibición de aproximación en casos de especial relevancia, alta complejidad, cuando la Policía judicial o la Fiscalía lo recomienden por existir indicios de que la víctima se halla en peligro o cuando confluyan en la misma diversas vulnerabilidades y/o el agresor sea reincidente; y reforzar la detección en el sistema sanitario, tanto en Atención Primaria como en hospitalaria, y evaluar la posibilidad de instaurar alertas en casos de intentos autolíticos de mujeres, sobre todo con especiales vulnerabilidades (distintas etnias, embarazo, etc.).

Igualdad plantea también estudiar la posibilidad de impedir que a los agresores, especialmente a los reincidentes, se les impongan penas de trabajos en beneficio de la comunidad; atender a la protección de la víctima también cuando se dictan sentencias de conformidad; insistir en que, a pesar de que la víctima manifieste que no desea protección o no desea dispositivo, se pueda acordar y, en el caso de dispositivo, se pueda instalar sólo en el agresor, controlando las prohibiciones en zonas fijas; e insistir en que, aunque la víctima no denuncie o manifieste que no desea colaborar, se agoten todas las vías de investigación y se siga con el procedimiento judicial, así como indagar en estos casos en los motivos que llevan a las víctimas a apartarse de los procedimientos y a rechazar ayudas del sistema asistencial.

También cree Igualdad que las valoraciones forenses del riesgo deben ser obligatorias, especialmente, si hay personas menores involucradas en el proceso o en el caso de víctimas reticentes, pues en la mayoría de las ocasiones tienen miedo a las consecuencias para ellas y sus hijos; y plantea la necesidad de contar con suficiente personal especializado y multidisciplinar en las unidades de valoración forense integral; mejorar la interconexión entre distintos sistemas de atención a las víctimas y establecer los protocolos necesarios (sanitario, servicios sociales, policiales y judiciales); comunicar a los servicios de atención a la infancia siempre que pueda existir riesgo de sufrir violencia en el hogar y viceversa, comunicar por parte de FCSE y Fiscalía estos casos de menores afectados por violencia de género a los servicios de protección a la infancia; y reforzar la formación de todos los actores implicados en el sistema de protección a las víctimas.