Así lo indicó la directora del Área de Innovación Social de Impulsa Igualdad, Myriam Arnaiz, en declaraciones a Servimedia, donde valoró la aprobación de la reforma como un “avance necesario” después de dos décadas, aunque reclamó que vaya acompañada de financiación suficiente y de su aplicación efectiva para que produzca “un cambio real” en la vida de las personas con discapacidad.

Arnaiz explicó que Impulsa Igualdad “aplaude esta reforma” porque la ley tenía ya 20 años y el sector de la discapacidad “ha cambiado”, por lo que consideró que la normativa “se estaba quedando obsoleta”. Además, destacó que la organización ha participado activamente en las distintas convocatorias, reformas y cambios relacionados con la modificación legislativa.

No obstante, advirtió de que el principal riesgo es que las medidas aprobadas no lleguen a materializarse. “Lo único que no queremos es que se quede este cambio en papel mojado”, afirmó, antes de reclamar que exista financiación suficiente y que los costes presupuestarios permitan a las comunidades autónomas aplicar la reforma.

A su juicio, el objetivo debe ser que la modificación legislativa “de verdad suponga un cambio real en el colectivo de personas con discapacidad”.

EDUCACIÓN INCLUSIVA

Por otro lado, Arnaiz señaló que a Impulsa Igualdad le preocupa especialmente el veto a las enmiendas relacionadas con la educación inclusiva. Defendió que la inclusión de las personas con discapacidad debe comenzar “desde la infancia, desde el colegio” y advirtió de que mantener dinámicas de diferenciación supone “un retroceso” para la inclusión.

En este sentido, reclamó que todos los partidos tengan en cuenta que la reforma “ha salido del propio colectivo” y ha sido impulsada y aportada por el movimiento asociativo de la discapacidad.

“Espero que se tengan en cuenta las voces de los que de verdad están buscando este cambio”, concluyó.