Así lo revelan los indicadores analizados en el informe anual 'Inclusion Indicators 2025', que elabora la asociación europea de personas con discapacidad intelectual y sus familias, Inclusion Europe. "España presenta avances normativos en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, pero mantiene importantes déficits en inclusión real, especialmente en el acceso a la vida independiente, la vivienda y los apoyos comunitarios", revela el informe 'Inclusion Indicators 2025'.

Según esta tabla internacional de indicadores, España obtuvo una valoración media de 6,7 sobre 10 en el análisis de derechos y condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual, con avances desiguales según el ámbito evaluado.

El informe, que analiza la situación de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en 33 países europeos, sitúa a España en una posición intermedia. Señala además que existe "una brecha persistente entre el marco legal y su aplicación efectiva".

En el ámbito de la vivienda, el estudio constata que la mayoría de las personas con discapacidad intelectual en España vive con sus familias", no siempre por elección, sino por la "escasez de alternativas reales de vivienda independiente y de apoyos personalizados suficientes".

Inclusion Europe es una organización europea creada en 1988 por nueve entidades nacionales de familias de personas con discapacidad intelectual, que decidieron unir fuerzas para defender sus derechos a escala europea, al entender que la discriminación, los estereotipos y la segregación no conocen fronteras y requieren respuestas comunes, según explicó la propia entidad. En la actualidad, agrupa a "decenas de organizaciones de más de 30 países y trabaja para promover la plena inclusión y el ejercicio efectivo de derechos en toda Europa, "compartiendo experiencias y buenas prácticas entre Estados".

Cuenta con el apoyo de la Comisión Europea y, en el caso de España, forman parte de esta red de la Unión organizaciones como Plena inclusión, el Grupo de Apoyo a la Dirección de Plena inclusión (Gadir), Som Fundació Catalana Tutelar y Dincat, una federación que agrupa más de 300 entidades que defienden los derechos y mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en Cataluña. Estas entidades españolas participan en el trabajo de incidencia y defensa de derechos en el contexto europeo a través de su relación con Inclusion Europe.

DERECHO A LA VIDA INDEPENDIENTE

Este año el informe fue elaborado por la investigadora belga Inge Volleberg, coordinadora en Inclusion Europe, y por la experta en políticas públicas de la misma entidad Ebba Olsson. Las autoras advierten en su texto que la crisis de acceso a la vivienda "limita de forma estructural el ejercicio del derecho a vivir de manera independiente y a ser incluido en la comunidad, tal y como recoge la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad". El documento señala que, "cuando el apoyo familiar desaparece, la institucionalización continúa siendo una opción frecuente, lo que pone de manifiesto la fragilidad de los apoyos comunitarios disponibles".

Inclusion Europe identifica también "importantes barreras económicas". Las prestaciones y ayudas disponibles en España resultan, en muchos casos, insuficientes para sostener una vida autónoma y "existen dificultades para compatibilizar ingresos laborales con prestaciones, lo que desincentiva el empleo y refuerza la dependencia económica y familiar, especialmente entre jóvenes y personas que desean emanciparse".

El análisis europeo subraya asimismo el papel central que siguen desempeñando las familias como principal, y en muchos casos, único sistema de apoyo. Inclusion Europe alerta, además, de "la elevada carga emocional, económica y de cuidados que asumen las familias en España y de la preocupación generalizada sobre el futuro de sus hijos e hijas con discapacidad intelectual cuando ellas ya no puedan prestar ese apoyo".

DESIGUALDADES TERRITORIALES

El informe pone de relieve "las desigualdades territoriales existentes", ya que el acceso "a apoyos y servicios es más limitado en zonas rurales y municipios pequeños, donde la oferta de recursos es menor y el aislamiento social resulta más acusado". A ello se suma que los sistemas de evaluación y control de los servicios no están suficientemente centrados en las personas usuarias, con una participación todavía limitada de las propias personas con discapacidad intelectual en la supervisión de los apoyos que reciben, según las autoras del estudio.

Los mejores resultados de los indicadores analizados por Inclusion Europe destacan en "derecho a decidir y a votar", ya que "la ley garantiza la capacidad jurídica y el derecho al sufragio, y en educación, donde la mayoría del alumnado está en centros ordinarios y existe una estrategia nacional de inclusión". En sanidad, "el acceso es generalizado, pero faltan materiales accesibles y una educación sexual adecuada"; y en representación, España muestra avances, con "presencia de personas con discapacidad intelectual en órganos de decisión y apoyo público a la labor de incidencia de entidades como Plena Inclusión".

El informe concluye que España necesita "acelerar la transición desde un modelo basado en el apoyo familiar y la institucionalización hacia otro centrado en derechos", con apoyos personalizados en la comunidad, financiación estable y políticas públicas que garanticen que las personas con discapacidad intelectual puedan elegir dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía.