En el auto, el instructor de la causa indica que los deja al borde del banquillo por hechos provisionalmente calificados como delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Además, el instructor da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la representación de las acusaciones populares para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

Puente da traslado de las actuaciones al ministerio fiscal y a la representación de las acusaciones populares para que, en el plazo de 10 días, soliciten la apertura del juicio oral y presenten escrito de acusación o de sobreseimiento en el caso de las defensas. Las partes también podrán proponer nuevas diligencias de manera excepcional.

El auto recoge que ya como ministro de Transpotres, Ábalos conoció en 2017 al empresario Víctor de Aldama a través de su asesor Koldo García. La colaboración entre ambos echó a andar y fue intensa. El magistrado recoge que en febrero de 2019 Aldama acompañó acompañar al ministro "a un viaje a Méjico, en el curso del cual, y por intermediación" del empresario se organizó una visita al Senado del país centroamericano.

A partir de ese momento, los investigados vieron "la oportunidad de obtener un beneficio económico" de esta relación y “los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba el señor Ábalos en el Gobierno de España, podrían favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública, en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Aldama, así como facilitar a éste el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas".

Así, explica el auto, los tres concertaron “la adquisición, a través de sendas entidades dependientes del Ministerio de Transportes (Puertos del Estado y ADIF), y en el contexto de la pandemia del Covid-19, de sendas partidas de mascarillas, a cambio de recibir Ábalos y Koldo García una indebida compensación económica procedente del señor Aldama, quien, a su vez, se beneficiaba también en términos económicos de las comisiones que le reportaba la realización del mencionado ilícito negocio".

El juez considera que en el marco de esa "concertación", Aldama comenzó a pagar a Koldo García "en metálico la cantidad mensual de 10.000 euros” a partir de octubre de 2019, unas entregas que se prolongaron “al menos, hasta el año 2021".

Según el relato del instructor, Ábalos y Koldo se repartirían esos fondos, en ocasiones con la ayuda de Joseba García, hermano de Koldo, que llegó a recibir 10.000 dólares en la República Dominicana. El auto habla también del alquiler con opción de compra de un piso en la madrileña Castellana por el que se fijó “una renta anual de 30.000 euros, que nunca llegó a abonar” el exministro, que tampoco vivió nunca en él. El preció de compra se fijó en 750.000 euros, un importe que el magistrado considera “muy inferior” al precio “real de mercado”.

Sobre el alquiler del piso que ocupó la expareja del ministro Jéssica Rodríguez y que pagaba Aldama, el auto dice que lo hacía para "obtener del ministro un trato preferente para sí mismo y para las empresas cuyos intereses promovía". Igualmente, relata que la mujer fue contratada en las empresas públicas Ineco y Tragsatec sin llegar a acudir a trabajar nunca.

Ábalos y Koldo están también imputados en una pieza separada relativa en la que se investigan presuntas adjudicaciones irregulares de obra y en la que también está siendo investigado el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán y varios empresarios.