Grosske no precisó cuántos "bonos anticorrupción" intentarán vender y describió esta iniciativa como "un mecanismo de financiación y de movilización".

Los representantes legales de Izquierda Unida están personados como acusación particular en dos causas penales abiertas en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en las que figuran implicdos destacados dirigentes del PP en las islas: el 'caso túnel de Sóller' y el 'caso Agricultura'. Entre los implicados se encuentra el ex presidente balear Gabriel Cañellas.

En el 'caso túnel de Sóller', el juez investiga los presuntos delitos de prevaricación y cohecho cometidos por altos cargos del PP balear en la adjudicación de unas obras. En el 'caso Agricultura', el magistrado indaga sobre la compra de la actual sede de la Consejería de Agricultura por parte del Ejecutivo regional, por los supuetos delitos de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos. Ambos causas se abrieron a raíz de las denuncias presentadas por IU Baleares.

La coalición de izquierdas solicitó hoy públicamente que la Fiscalía Anticorrupción del TSJB se haga cargo de "todos los casos de corrupción de Baleares", según explicó Grosske, al igual que sucedió con el 'caso Sóller'.

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares retomó el año pasado la investigación del denominado 'caso Calviá', el intnto de soborno a un concejal socialista del municipio mallorquín para propiciar una moción de censura que diera la alcaldía al PP.