Los jesuitas hacen esta acusación con motivo de la celebración el próximo día 18 de la Jornada Mundial del Migrante, que conmemora la firma de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias (1990).

En una nota de prensa, las citadas delegaciones denuncian las actuales políticas europeas de inmigración y asilo y, más en concreto, la directiva de retorno y el Pacto europeo sobre la inmigración y asilo.

Concretamente, los jesuitas denuncian que la regulación de la salida obligatoria de los inmigrantes irregulares "no considera las amenazas a los derechos humanos en sus países de origen, ni obliga a los Estados miembros de la UE a garantizar asistencia letrada efectiva".

También denuncian que "los plazos fijados por la UE para el 'retorno voluntario' (entre 7 y 30 días) lo vuelven inviable en condiciones de seguridad jurídica y permite el internamiento de migrantes en proceso de expulsión sin suficiente control judicial, y con un plazo de hasta 18 meses, desproporcionado para las necesidades de identificación y aseguramiento del proceso".

Asimismo, lamentan que "la repatriación de menores de 18 años a sus países de origen (para entregarlos a sus padres o tutores, o a instituciones de acogida de menores) no garantiza el interés superior del menor".

"Como no hay margen político para modificar los términos de la directiva de retorno, los jesuitas confiamos en que se pida justicia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para hacer prevalecer el Derecho Internacional Público, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario cuando se apliquen las normas de los Estados miembros que traspongan la directiva", concluye esta congregación religiosa.