En un comunicado, la asociación progresista de jueces destaca que la nueva realidad organizativa que supone la oficina judicial requiere de esa reforma. Todas estas materias, aseguran, necesitan de la “inmediata adecuación de los reglamentos del CGPJ, por lo que reclamamos al CGPJ su urgente reforma para que pueda disponerse antes del 1 de enero de 2026. Ya no cabe aplazarlo más”.

El 1 de enero de 2026 comienza la tercera fase de la implantación de los nuevos tribunales de instancia. Esta norma dispuso una nueva organización de juzgados y tribunales unipersonales estableciendo “tribunales de instancia” con secciones según materias, que debían comenzar a funcionar en tres fases. La tercera de ella, que afecta a la inmensa mayoría de los actuales juzgados, comienza el 1 de enero de 2026.

Desde la publicación de la nueva norma ha transcurrido casi un año, señalan, durante el que se han aprobado las relaciones de puestos de trabajo de los funcionarios de la administración de justicia que van a trabajar con esta nueva forma de organización judicial. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial ha dictado instrucciones sobre coordinación y funcionamiento de los tribunales de instancia, sobre el ejercicio de las facultades de dirección e inspección.

Sin embargo, “no se ha cambiado ni una coma de los reglamentos del Consejo General del Poder Judicial que hay que reformar para que tenga lugar la transformación de los juzgados a tribunales de instancia”.

A dos semanas de la entrada en vigor de los tribunales de instancia, denuncia JJpD, esos reglamentos no se han adaptado a la reforma legal, de modo que una cuestión “tan delicada y relevante para los derechos fundamentales” como la forma de llevar a cabo las guardias, particularmente en lo que atañe a personas detenidas, sigue sin una regulación adaptada. Tampoco se ha reglamentado el modo en que va a distribuirse el trabajo por unidades judiciales, la forma en que tendrá lugar la dación de cuenta eficiente, o la necesaria coordinación entre judicatura y oficina judicial.

También preocupa la falta de criterio sobre la forma de designación de las nuevas presidencias de los tribunales de instancia y presidencias de secciones, de modo que habrá que aplicar una normativa ideada para una realidad distinta a una regulación legal diferente, con las disfunciones y problemas que acarrea tal descoordinación.

Es “imprescindible” que las funciones y competencia de las nuevas presidencias de estos tribunales queden “claramente delimitadas” para evitar la “tentación del autoritarismo y asegurar la transparencia en el ejercicio de su nueva función”. Igualmente consideran “inaplazable” fijar las responsabilidades y tareas de las presidencias de las secciones de cada tribunal de instancia, su coordinación con la presidencia del tribunal y con las unidades judiciales de dicha sección.

En todos esos casos hay que regular la forma en que se coordinará el trabajo judicial con Letradas y Letrados de la Administración de Justicia, y con la nueva organización de la oficina judicial, pues al desaparecer las unidades procesales de apoyo directo es preciso un marco normativo nítido para afrontar la relación con los nuevos servicios comunes, áreas y equipos de trabajo que prevé la ley.