La titular del juzgado de instrucción número 16 de Madrid cuenta desde hace varios días con una "discreta" vigilancia poliial, compuesta por dos funcionarios de la Policía Judicial, que siguen sus pasos y los desplazamientos que realiza fuera del juzgado por orden del Ministerio del Interior.

Las llamadas anónimas de amenaza se han recibido tanto en el domicilio particular de la magistrada como en el propio juzgado. Sin embargo, en ningún caso Ana María Ferrer ha recogido personalmente los mensajes.

Siempre según la versión facilitada por la Cadena Ser, esas llamadas -que no han sido de muerte- fueron recibidas por amiliares directos de la jueza o bien por algunos agentes judiciales adscritos a su departamento.