El portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JPD), Ricardo Bodas, acogió la propuesta nacionalista con "prudencia" y añadió que su puesta en marcha implicaría una modificación de la Carta Magna y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque en ambas normas se contempla el principio de unidad jurisdiccional a nivel de todo el Estado.

"La propuesta que ellos hacen significa un cambio extremadaente profundo, que desde luego impide hacer una valoración acabada hasta tanto en cuanto no se pongan sobre la mesa las líneas maestras que proponen, porque en estos momentos sólo hay una propuesta de corte voluntarista en el sentido de intentar descentralizar las funciones del Consejo (CGPJ)", dijo Bodas a Servimedia.

Por su parte, José Luis Requero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), se mostró más crítico con la propuesta del PNV, que ennmarcó en las últimas reivindicacines de este partido relacionadas con la soberanía del País Vasco.

En declaraciones a Servimedia, Requero subrayó que, en todo caso, la intención del partido de Arzalluz es "inconstitucional" e "inviable" y va en contra de la concepción judicial como poder del Estado, único en toda España, al tiempo que afirmó que "todo este tipo de propuestas alocadas a quien van a perjudicar y lo van a sufrir en sus carnes son los propios vascos, que experimentarían lo que sería un cuerpo judicial designado" desde lasede del PNV.

El portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), Martín Rodríguez Sol, consideró la propuesta inviable en el actual marco constitucional y judicial y convino en que implicaría "una modificación de gran calado".

"En lo que respecta a los fiscales", manifestó Rodríguez Sol a Servimedia, "en la medida en que somos colaboradores del poder judicial, desde luego también exigiría una reforma absoluta de nuestro diseño: somos una carrera con un principio de unidad e independencia".

Finalente, Adrián Salazar, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), se refirió también a la reforma constitucional que exigiría la creación de un poder judicial vasco, ya que no tendría cabida dentro del actual texto legal.

En declaraciones a Servimedia, Salazar admitió que "todo es defendible" por la vía democrática, pero puntualizó que en el marco constitucional actual no existe la posibilidad de instaurar un poder judicial vasco.