Según informó este martes el Grupo Iberoamericano de la UIM, reunido en Quito del 25 al 28 de mayo, la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal "excede con mucho lo que su título sugiere".

Los magistrados iberoamericanos advirtieron que la reforma "no fortalece, sino que modifica los equilibrios internos del Poder Judicial" al introducir criterios de selección alternativos al sistema de oposición y aumentar la inseguridad funcional con figuras temporales.

El documento, firmado por el presidente del Grupo IBA-UIM, Walter Barone, señala que la reforma legislativa "está debilitando la independencia judicial desde dentro" y alerta sobre los riesgos que representa "tanto para la independencia judicial como para la salud democrática de España".

PRESIONES POLÍTICAS PREOCUPANTES

Los jueces denunciaron que miembros del Gobierno español "han realizado declaraciones públicas desacreditando a jueces que instruyen procedimientos sensibles" relacionados con el entorno del presidente del Gobierno, cuestionando sus méritos y capacidad.

Según el pronunciamiento, estas conductas son "impropias de una democracia madura" y forman parte de un patrón visto en otros países donde "primero se desacredita públicamente a los jueces; luego se reforman sus estructuras; finalmente, se transforma su naturaleza".

La experiencia internacional demuestra, según los magistrados, que "los retrocesos democráticos no siempre se anuncian: a menudo, se tramitan" mediante reformas técnicamente justificadas.

LLAMAMIENTO A LA RECTIFICACIÓN

Los jueces iberoamericanos reclamaron "la retirada o revisión sustancial" del Proyecto de Ley Orgánica, respetando los principios de "acceso por mérito, igualdad y objetividad" en la carrera judicial.

La UIM rechazó "toda forma de presión política sobre jueces y tribunales", especialmente cuando proviene del Ejecutivo, recordando que la independencia judicial "no es una concesión" sino una "garantía constitucional para todos los ciudadanos".

El pronunciamiento enfatiza que el Poder Judicial "no es un obstáculo a gestionar, ni una estructura a ordenar" sino una garantía para la ciudadanía, por lo que su debilitamiento supone un "peligroso precedente".

La asamblea anual del Grupo Iberoamericano recordó que en diversos países se han experimentado dinámicas similares mediante reformas dirigidas a controlar la judicatura y declaraciones que desacreditan a jueces concretos.

Los magistrados alertaron que España "está empezando a destacarse" en ese camino de debilitamiento de la independencia judicial, un fenómeno que consideran especialmente grave en una democracia consolidada.

El documento concluye que "allí donde esta premisa empieza a discutirse o relativizarse, la democracia se debilita", instando a preservar la separación de poderes como pilar fundamental del Estado de derecho.