El vocal del órgano de gobierno de los jueces, Javier Martínez Lázaro, que junto con su homólogo, Javier Laorden, fue el encargado de presentar esta iniciativa, en la sede del CGPJ, aseguró que se trata de un "verdadero hito" en la historia judicial porque permitirá a cualquiera, de forma "rápida y barata" consultar toda la jurisprudencia española, ya sea penal, civil, contencioso-administrativa o social.

A través del portal www.poderjudicial.es los ciudadanos podrán acceder, desde hoy, a este servicio, que se se irá completando a lo largo de este año y que, a corto plazo, alcanzará entre los seis y los siete millones de sentencias. La jurisprudencia de la Audiencia Nacional, desde el 77, y la de las Audiencias Provinciales, serán las últimas que se incorporarán a la red, a partir del mes de octubre.

Las sentencias, desde que se dicten y se notifiquen a las partes, tardarán entre 15 y 20 días en estar en Internet para su consulta, según aseguraron los responsables judiciales.

La configuración de este nuevo servicio público de acceso a la jurisprudencia de los diferentes órganos judiciales respeta la Ley de Protección de Datos por lo que las sentencias para consulta están "vaciadas" de los datos personales que no pueden hacerse públicos, sólo figura el nombre del juez ponente de la sentencia o el auto y el tema que le compete, así como la literatura de la misma.

CERCA DE TRES MILLONES DE EUROS

La iniciativa judicial, que responde a un mandato de la UE, en concreto a la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo, que regula la "reutilización de la información del sector público", tiene un coste aproximado de tres millones de euros.

El 70 por ciento del coste se compensa con los ingresos que obtienen los jueces por la venta a las editoriales jurídicas de sus sentencias, por las que han ingresado, según señalaron a Servimedia fuentes del CGPJ, en torno a los dos millones de euros.

Los vocales del CGPJ explicaron en la rueda de prensa de hoy que este proyecto no perjudica a las editoriales porque no trata de sustituir su labor especializada y mucho más sofisticada, dirigida a juristas y a estudiosos, sino que se dirige al ciudadano que no tiene por qué estar versado en estos asuntos.