Un portavoz de la asociación confirmó a Servimedia que la UJI mantiene su intención de impugnar ante los tribunales la designación de Hernández como fiscal, después de no haber obtenido ninguna respuesta por parte del Gobierno al recurso de reposición presentado hace ahora un mes por la agrupación de jueces.

El silencioadministrativo es interpretado, de acuerdo con la ley, como una desestimación del recurso, por lo que la asociación dispone ahora de un plazo de hasta dos meses para llevar el caso a los tribunales, aunque su intención es personarse lo antes posible, casi con seguridad la semana que viene, según las mismas fuentes.

Los jueces recurrentes consideran que no deben computarse como servicio activo en la profesión los años pasados por Eligio Hernández como delegado del Gobierno en Canarias, gobernador en Sata Cruz de Tenerife y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "cargos públicos de libre nombramiento, contrarios a la permanencia, estabilidad y libertad de autodeterminación inherentes a la idea de profesión".

Asimismo, argumentan que estos puestos políticos no tienen una dimensión jurídica relevante y ni siquiera es exigible la licenciatura en Derecho para acceder a ellos.

Defienden además que la situación de servicios especiales en la carrera judicial, en la que permaneció el nuev fiscal general mientras desempeñó los cargos políticos, no es equivalente a la de ejercicio efectivo de la profesión de magistrado y sólo se aplica a efectos de ascensos, antigüedad y derechos pasivos.

La UJI fue la primera asociación de juristas que recurrió el nombramiento de Eligio Hernández, que ha sido también impugnado con la misma argumentación por la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales.

Estas dos últimas agrupaciones todavía cuentan con un plzo de dos semanas para conseguir una respuesta del Gobierno antes de acudir a la vía judicial, ya que presentaron sus recursos el pasado 11 de mayo.