Así lo afirma Pedraz en el auto que dictó este miércoles sobre los registros que esta jornada ordenó en la sede socialista de Ferraz y en varios domicilios particulares, como los de Cerdán y el exconsejero de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.

En esta resolución, el magistrado de la Audiencia Nacional imputa a Cerdán, Díez, Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Ismael Oliver. A los mismos se les atribuye la presunta comisión de los delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

Al mismo tiempo, respecto de Juan Manuel Serrano Quintana y el diputado del PSOE Juan Francisco Serrano Martínez, aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan. No obstante, el instructor considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.

Además, se considera “penalmente relevante”, aunque no están todavía imputados formalmente, la actuación del abogado del PSOE Jacobo Teijelo Casanova y de Juan Sánchez Yepes. Respecto a la gerente de la formación socialista, Ana María Fuentes Pacheco, se detecta responsabilidad “indiciaria”. A los tres se les podrían acabar imputando los delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.

CORREOS Y VISITAS

Para avanzar en sus pesquisas, el instructor ordena una serie de diligencias, como reclamar las direcciones de correo de Cerdán, Fuentes Pacheco, las secretarias del PSOE Covadonga Sampedro y Celia Rodríguez y el exresponsable de Comunicación de este partido Ion Antolín.

La formación socialista también deberá aportar datos sobre las entradas y salidas en la sede de Ferraz de 2024 y 2025; datos sobre las entradas y salidas en este inmueble de Leire Díez y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI; y el procedimiento interno de este partido para aprobar gastos.

Al mismo tiempo, se demandan a la dirección socialista datos sobre las visitas a su sede principal del excomisario José Manuel Villarejo, el empresario Antxon Alonso y el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.

TRAS LA ‘CARTA A LA CIUDADANÍA’

El origen de estas investigaciones y "punto de inflexión", explica Pedraz en su auto, estaría en la ‘Carta a la ciudadanía’ que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio a conocer en abril de 2024 después de la imputación de su mujer, Begoña Gómez, por el juez Juan Carlos Peinado.

El 24 de abril de 2024, “pocos días después” de la carta de Sánchez, Cerdán llama a la sede de Ferraz a Díez a una reunión. En este encuentro también estuvieron Javier Pérez Dolset y Juan Manuel Serrano, así como varios miembros de la estructura orgánica del partido, como el director de Comunicación, Ion Antolín.

Tras esta reunión, Díez es encargada de “la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno”.

El exsecretario de Organización habría impulsado este plan porque la formación socialista y la “familia” de Sánchez estarían “gravemente afectados” por la “consecutiva apertura de procedimientos judiciales”.

“OFRECIMIENTO” A FUNCIONARIOS

Pedraz considera que Cerdán estaba “al frente” de esta iniciativa para “obstaculizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del Gobierno o del PSOE”.

Para conseguir este objetivo, se habría hecho el “ofrecimiento” a “funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos”.

Estos empleados públicos fueron objeto “de ofrecimientos de diversa índole” a cambio de “actuaciones de diferente naturaleza y con posible trascendencia en su desempeño profesional”.

El instructor afirma que hay constancia de “al menos un ofrecimiento, en este caso de naturaleza meramente económica, a un testigo en un procedimiento judicial y con el objetivo de adecuar su testimonio a sus intereses”. También “se recabaron informaciones calificadas como secretas, posteriormente utilizadas para sus fines; o se pretendió influir en determinados cargos públicos para la obtención de resoluciones acordes a sus pretensiones”.