Así lo anunció la organización este sábado en un comunicado, que explicó que en esta nueva entrega, la jurista advierte de que los derechos humanos “no pueden darse por garantizados y requieren una vigilancia activa frente a tendencias que debilitan su alcance efectivo, especialmente en el caso de las personas con discapacidad”.

“Vivimos tranquilamente pensando que estamos en Estados donde los derechos se garantizan, pero no se garantizan por igual para todas las personas”, subrayó Barranco, que alertó también de que parte del retroceso actual “se produce cuando las políticas inclusivas comienzan a evaluarse exclusivamente desde parámetros económicos, lo que termina cuestionando derechos fundamentales”.

En este sentido, advirtió de que “se rechazan demandas porque se consideran excesivamente costosas”, lo que supone una dinámica que afecta especialmente a las personas con discapacidad y compromete la efectividad del principio de igualdad.

Durante la conversación, la catedrática insistió en que las normas jurídicas, por sí solas, no garantizan la igualdad si no van acompañadas de una cultura sólida de derechos y explicó que “podemos tener muchas normas, pero sin una cultura robusta de derechos no se aplicarán desde un enfoque de derechos”, además de destacar la necesidad de reforzar el compromiso institucional y social con su implementación efectiva.

En su intervención, la jurista recordó que durante siglos los derechos se construyeron sobre un modelo excluyente que dejó fuera a amplios sectores sociales. “Durante siglos los derechos se pensaban para el hombre blanco propietario sin discapacidad”, explicó, y subrayó el carácter histórico de las exclusiones que todavía hoy requieren corrección normativa y cultural.

Desde el enfoque social de la discapacidad, Barranco insistió en que esta no puede entenderse como una condición individual aislada, sino como el resultado de la interacción con barreras sociales, jurídicas y culturales que limitan la participación en igualdad de condiciones. En este contexto, reconoció “el papel decisivo” del movimiento social de la discapacidad en la ampliación del reconocimiento jurídico de derechos en las últimas décadas, y destacó que “las reformas normativas se han logrado porque el movimiento de la discapacidad es activo y poderoso”.

La jurista recalcó que avances recientes como la reforma del artículo 49 de la Constitución Española representan pasos relevantes en la consolidación del enfoque de derechos, aunque todavía insuficientes si no se incorporan garantías explícitas frente a la discriminación por razón de discapacidad.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la subvención del 0,7% del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que respalda iniciativas dirigidas a promover la igualdad, la inclusión y la garantía efectiva de derechos para las personas con discapacidad.