Según explicó el Cermi en un comunicado, la disposición final primera de la citada ley obligaba al Gobierno a aprobar un real decreto en el que se regulara el régimen de colaboración entre la Administración de Justicia y las entidades del tercer sector de acción social, a fin de que la Justicia pudiera beneficiarse de la cooperación, las aportaciones, conocimiento y experiencia de las entidades del tercer sector de acción social, fundamentalmente de las de discapacidad.

"Esta medida fue incorporada por el Legislador a la Ley 8/2021 gracias a una enmienda del Cermi, que aspiraba a introducir en el ámbito de la Justicia una previsión similar a la existente en la Administración General del Estado, en el que estaba establecido legal y reglamentariamente un régimen de colaboración entre las entidades sociales con la Administración", indicó el movimiento.

El Ministerio de Justicia ha sacado a trámite de audiencia pública el proyecto de real decreto, que se encuentra disponible en su página web oficial, al que se podrán hacer aportaciones hasta el 20 de noviembre.

Para el Cermi es de gran relevancia que se dé cumplimiento a este mandato legal de desarrollo reglamentario, pues de este modo las entidades sociales de la discapacidad podrán disponer de un estatus reconocido de colaboradoras de la Administración de Justicia, favoreciendo el despliegue y la mejor aplicación de la Ley 8/2021.