Según informó Justicia este miércoles, la revisión de estas sentencias está prevista en la disposición transitoria quinta de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

La finalidad de los programas aprobados ahora por el departamento de Pilar Llop es agilizar estas revisiones para cumplir el plazo legalmente establecido, el 2 de septiembre de 2024.

Las iniciativas que se dieron a conocer este miércoles tienen una duración de seis meses y suponen una segunda fase del plan que se desarrolló en el año 2022.

Además, se han aprobado otras medidas de refuerzo externas a través de comisiones de servicio y adscripción de jueces sustitutos en los juzgados especializados en materia de capacidad, con el objeto de agilizar la revisión de las medidas.