De esta forma, el departamento que dirige Félix Bolaños pone en marcha el procedimiento para valorar si se le concede el indulto a García Ortiz, tal y como adelantó ‘El País’ y han confirmado a Servimedia fuentes gubernamentales. Un proceso este que viene marcado en la Ley de 18 de junio de 1870 que establece “reglas para el ejercicio de la gracia de indulto”.

Una vez recibida esta solicitud, el ministerio está obligado a tramitarla, por lo que directamente la traslada al tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, que deberá emitir un informe al respecto. Para ello, recabará información tanto de la Fiscalía como de “la parte agraviada”.

Una vez completado dicho informe, el Supremo lo remitirá de vuelta al ministerio y Bolaños lo elevará al Consejo de Ministros para su deliberación de cara a la aprobación o denegación del indulto. De aprobarse finalmente, se oficializaría a través de un Real Decreto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Un proceso todo este para el que no hay un plazo máximo establecido.

MANIFIESTO

Este inicio del trámite para la concesión del indulto coincide con la publicación de un manifiesto firmado por 150 juristas, entre ellos el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el que cargan contra la sentencia condenatoria y reclaman que sea "anulada en las instancias superiores correspondientes". Según detallan, "nadie puede ser condenado penalmente sin pruebas claras y concluyentes", alegando que, en este caso, "no quedó probada la filtración del correo y la nota de prensa no constituye delito de revelación de secretos. Se imponía la absolución conforme a un principio básico de todo Estado democrático", zanjan.

Este documento, denominado 'Condena al Fiscal General del Estado. Una sentencia inquietante' será presentado, mañana en el Ateneo de Madrid en un acto en el que participarán la abogada Francisca Sauquilllo; el magistrado jubilado de la Sala II del Tribunal Supremo Joaquín Giménez García; María José Berdugo García-Maestro, fiscal y vicepresidenta de la Unión Progresista de Fiscales; y los abogados Nicolás Sartorius Álvarez y Manuel de la Rocha Rubí.