El objetivo final es acelerar el trámite de esta reforma y garantizar su aprobación en el presente período de sesiones, que concluye el 31 de diciembre.

Puesto que el proyecto del Gobierno ha superado ya el debate de totalidad y se enfrenta ahora al análisis de ponencia y de comisión en el Cogreso, los populares estudian la posibilidad de pedir el procedimiento de urgencia a la Mesa del Senado para acortar el plazo de estancia del texto en la Cámara Alta.

Una vez rechazadas en el Congreso de los Diputados las enmiendas de totalidad, los grupos de la oposición presionan al Gobierno para que acepte algunas de sus enmiendas parciales, especialmente las que pretenden recortar el período máximo de internamiento de los jóvenes condenados por delitos relacionados con el terrorismo.

Frente a texto del Gobierno, que recoge penas de hasta diez años de internamiento para menores de entre 14 y 18 años sin distinción de tramos de edad, las enmiendas parciales persentadas por PSOE y CiU rebajan esta pena, en consonancia con las recomendaciones formuladas en su día por el Consejo General del Poder Judicial.

Así, ambas formaciones proponen un máximo de ocho años de internamiento para los menores de entre 16 y 18 años condenados por este tipo de delitos, y hasta cuatro años para los de edad comprndida entre los 14 y los 16.

El Grupo Socialista propone además que esta pena se acompañe de inhabilitación especial para empleo o cargo público, durante un tiempo máximo de ocho años.

REVISION DEL RESULTADO

CiU reconoce en una de sus enmiendas que estas medidas son "de especial trascendencia y excepcionalidad". Por ello, propone una nueva disposición adicional para que, a los cuatro años de la entrada en vigor de la Ley del menor, el Gobierno remita al Congreso un informe de avaluación de la alicación de esta norma para valorar "el impacto real" de la misma.

Al margen de los menores, los socialistas proponen penas de prisión de quince a veinte años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo para quienes pertenezcan, actúen al servicio o colaboren con banda armada, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, o cometan delitos de estragos o de incendios tipificados.

Todo ello, precisan, "sin perjuicio de la pna que les corresponda si se produjera lesión para la vida, integridad física o salud de las personas".

Estas mismas personas serán condenados a entre veinte y treinta años de prisión si causaran la muerte de una persona; entre quince y veinte, además de inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, si produjeran lesiones graves o secuestraran a alguien; y de diez a quince años e inhabilitación si causaran cualquier otra lesión o detuviera ilegalmente, amenazara o coaccionara a una persona.

Los soialistas proponen también castigar con cinco a diez años de prisión, inhabilitación absoluta de seis a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses el que realice, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una banda armada, organización o grupo terrorista.

COLABORACION

Otra de sus enmiendas define como actos de colaboración la información o vigilancia de personas, bienes o o instalaciones; la construcción, el acondicionamiento, la cesión o la utlización de alojamientos o depósitos; la ocultación o traslado de personas vinculadas a las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas; la organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas y, en general, cualquier otra forma equivalente de cooperación, ayuda o mediación, económica o de otro género, con las actividades de las citadas bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas.

En los casos en que la información o la vigilancia de personas mencionada ponga en peligro l vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio de las mismas, se impondrá, según las emnmiendas de los socialistas, la misma pena, pero en su mitad superior. Si ese riesgo llegara a ejecutarse, se castigaría el hecho como coautoría o complicidad, según los casos.

Por su parte, CiU plantea penas de prisión de entre uno y dos años para quienes realicen actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares.