Durante la defensa del proyecto de ley, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, defendió que, “en ningún caso” los planes colectivos son un “sustituto” del sistema público de pensiones y, en cambio, corrige el “insatisfactorio e insuficiente” desarrollo de los planes colectivos en España.

Además, Escrivá destacó que el texto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero cuenta con las aportaciones de los agentes sociales y de diferentes sectores de la sociedad, al tiempo que sigue las “recomendaciones” del Pacto de Toledo. Insistió en que tiene “como objetivo complementar y no sustituir” al plan público de pensiones general, al tiempo que lamentó que “el ahorro privado se ha ido canalizando cada vez más hacia planes individuales frente a planes colectivos”, lo que “acaba repercutiendo en altas comisiones y baja rentabilidad”.

El ministro ser refirió también al peso que tendrá la negociación colectiva en el desarrollo de los planes colectivos de pensiones y puso en valor que permitirá que puedan acceder a este producto de ahorro los autónomos y los empleados de las administraciones públicas, “especialmente” de las de menor tamaño.

Asimismo, señaló que los planes tendrán que ser gestionados “de forma eficiente, transparente y profesional” para que generen “rentabilidad” para los beneficiarios.

Del mismo modo, el ministro explicó que esta reforma “en absoluto” es “exigencia” de la Unión Europea, aunque se ha decidido enmarcarla en el “plan de transformación de la economía”. Al mismo tiempo, remarcó que facilitará el acceso a estos productos de ahorro a personas con “bajos salarios” o “fórmulas de trabajo más vulnerables.

Por su parte, desde el BNG, su diputado, Néstor Rego, justificó su enmienda a la totalidad afirmando que es “desacertado” que la administración destine “esfuerzo y recursos” a planes alternativos en lugar de centrarlos “en fortalecer” el sistema público. Atribuyó esta medida a la “dominación ideológica y política del neoliberalismo” en Europa y avisó de que este sistema puede acabar siendo un “sustitutivo” de las pensiones generales, “un objetivo que hasta ahora no se ha logrado”.

Igualmente, alertó de que “la norma crea un fondo de empleo impulsado por el sector público pero gestionado por el sector privado”, lo que supone “más negocio para la banca”. Asimismo, denunció que crea “desigualdad” entre trabajadores, ya que no tendrán las mismas opciones los trabajadores de sectores como la industria que otros más “desarticulados” como la hostelería o empleadas de hogar.

“Será un nuevo elemento de inequidad y discriminación entre trabajadores y trabajadoras”, abundó Rego, quien advirtió de que las aportaciones a estos planes supondrán “percibir un salario más bajo”.

A favor de la enmienda a la totalidad se manifestó la CUP y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), desde donde el diputado Jordi Salvador apuntó que las pensiones son el “pilar del Estado del bienestar” para “garantizarnos un futuro digno”. A su juicio, “no hay necesidad de potenciar las pensiones privadas”, ya que lo que hay que hacer es fortalecer el sistema público.

Además, Bildu criticó que “no existe una demanda social” para aprobar esta reforma, al tiempo que denunció que “invade” competencias autonómicas.

RECHAZO A LA ENMIENDA

Por parte del PSOE, defendió el proyecto de ley del Gobierno la diputada y exministra de Trabajo Magdalena Valerio, quien destacó que el proyecto de ley beneficiará especialmente a las “rentas bajas”, al tiempo que puso en valor la primera fase de las pensiones aprobada en diciembre que, para Valerio, sí que era “una enmienda a la totalidad” a la reforma del PP de 2013.

Desde Unidas Podemos, la diputada Isabel Franco sostuvo que el proyecto de ley del Gobierno “no es verdad que ponga en peligro el sistema público de pensiones”. En su opinión, se ha producido con este Ejecutivo un “viraje si no de 180 grados, sí de 140 grados” en materia de pensiones, poniendo como ejemplo la revalorización con el Índice de Precios al Consumo (IPC) garantizada con la reforma de diciembre.

SIETE DÍAS Y SIETE ENMIENDAS

Por su parte, el diputado del PP Tomás Cabezón señaló que “ningún partido con sentido de Estado puede apoyar esta enmienda a la totalidad” y destacó la “responsabilidad” de su partido en materia de pensiones. No obstante, alertó al Gobierno de que en la última semana ha habido “siete días y siete enmiendas a la totalidad”, en alusión a cuestiones como las críticas por la postura del PSOE en la cuestión del Sahara o las manifestaciones del sector del campo y de los sindicatos. “¿Se dan cuenta que están ustedes solos?”, lanzó.

Además, Cabezón defendió que “esto empieza a oler cada vez más a 2011”, en referencia a la congelación de pensiones que ese año aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que advirtió del riesgo de “poda” y “recorte” en pensiones.

Para el diputado de Vox Pablo Sáez, la enmienda a la totalidad del BNG está de “espaldas a la realidad” y criticó la gestión del sistema público de pensiones. “No conozco ninguna empresa que lleve en pérdidas 14 años y siga existiendo”, afirmó Sáez. No obstante, cargó contra el Gobierno, acusándole de no corregir la “ineficiencia del gasto público” y avisó de que el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social se está produciendo mediante transferencias de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que aumentará el déficit y la deuda.

Asimismo, la diputada de Ciudadanos María Muñoz advirtió al BNG de que “lo que sí merma el sistema de pensiones es la negación de la realidad”. Pese a su rechazo a la enmienda a la totalidad, la diputada naranja recordó que su partido se opuso a la reforma de pensiones del pasado mes de diciembre porque no reforzaba la “solidaridad” intergeneracional. Por ello, exigió al ministro Escrivá que establezca un “diálogo sincero” con los partidos para la aprobación de esta proposición de ley.

“Compartimos su objetivo”, apuntó Muñoz, quien, eso sí, expresó sus “dudas” por la “falta de garantías en la independencia de gestión de este fondo público de pensiones, con un excesivo peso del Ministerio”.

Desde el PNV, el diputado Íñigo Barandiaran defendió la proposición de ley del Gobierno, porque incorpora un instrumento que “viene a complementar” y no a “sustituir”. Además, pese a que dijo que “no está de moda hablar bien de quienes gestionan los patrimonios privados”, en el País Vasco está funcionando “bien” y destacó que en otros países los planes colectivos en otros países también se han desarrollado adecuadamente.

CLAVES del texto

El Proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones constituye uno de los hitos del Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno se comprometió a cumplir en el primer semestre de 2022, e incorpora incentivos fiscales para impulsar los planes de pensiones colectivos, en línea con la recomendación 16 del Pacto de Toledo y con las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Además, ya los Presupuestos Generales del Estado (PGE) continuaron el proceso de diferenciación de la fiscalidad entre planes individuales y colectivos, estableciendo un límite en la deducción de la base imponible de 1.500 euros y de 10.500 euros, respectivamente. Con ello, se continúa con el proceso de traslación de los beneficios fiscales a las rentas medias y bajas.

Asimismo, el proyecto de ley establece una mejora en la deducción del IRPF para los autónomos. En concreto, este colectivo tendrá derecho a una deducción de 5.750 euros al año, más del triple de la vigente actualmente.

Al margen de ello, el proyecto de ley también incorpora incentivos para las empresas, de forma que las contribuciones empresariales al plan de pensiones no cotizarán a la Seguridad Social, con un límite de 115 euros al mes por trabajador (1.380 euros al año), lo que supone un ahorro de casi 400 euros por trabajador.

También se han establecido incentivos para el trabajador, que podrá aportar más de lo que lo hace la empresa con unos límites que se establecen en función de la contribución empresarial.