La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Francisco de Vitoria, la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) entienen que el Gobierno o 50 parlamentarios también deben estar facultados para solicitar al Tribunal Supremo la ilegalización de un partido.

En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la UPF, Antonio Camacho, explicó que el riesgo de que se pida la ilegalización de un partido por intereses políticos no existe, porque la Sala Especial del Tribunal Supremo es quien tiene la última palabra, y ésta es independiente.

Por este motivo, Cristina Cadenas, miembro de la ejecutiva de la Francisco de Vitoria,explicó a esta agencia que "da igual" quién solicite la ilegalización. "El Supremo", dijo, "nunca ilegalizará una formación política si no hay pruebas suficienrtes para ello".

Para José Antonio Martín Caro, portavoz de la Asociación de Fiscales, en la legislación española se permite el ejercicio de la acción popular y particular para perseguir delitos. No hay un monopolio para el fiscal en una actuación determinada, excepto en la jurisdicción de menores.

El portavoz de la APM, José Manuel Suárez,manifestó que "jurídicamente" no hay ningún problema en que sea el Ejecutivo o un grupo de cincuenta diputados o senadores, quienes, junto al fiscal general del Estado, tengan potestad para solicitar la ilegalización de un partido, ya que se trata de un "asunto político".