Además de un anexo que incluye nuevas patologías, la norma aprobada hoy da prioridad a la tramitación de los expedientes de menores de 18 años. Establece además que la tarjeta de estacionamiento se emita directamente junto a la resolución del grado de discapacidad, sin necesidad de un procedimiento adicional y permitirá agilizar las resoluciones, ya que los equipos de valoración se desplazarán a todas las islas.

En su defensa, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, explicó ante el Pleno que se pasa "de un sistema rígido, burocrático y con listas de espera de años, a un sistema ágil, preventivo y centrado en las personas”. “Ese es el verdadero sentido de este decreto ley: dar respuesta inmediata a miles de familias que no pueden esperar más”, declaró.

Delgado explicó que, hasta la fecha, “los procedimientos en materia de discapacidad se han caracterizado por ser lentos y enrevesados”, con “listas de espera que llegaban a varios años y valoraciones que no atendían a la realidad de cada persona”.

Por este motivo, el nuevo decreto ley contempla una serie de medidas dirigidas a agilizar los procedimientos y mejorar la atención al colectivo de personas con discapacidad en el Archipiélago. Lo que significa "resoluciones inmediatas, acceso rápido a pensiones no contributivas, becas, apoyos educativos y servicios especializados”.

“Estos avances no son promesas, son realidades que ya se están poniendo en marcha, y para lo que hemos aportado recursos técnicos y humanos, formación y el compromiso de una evaluación periódica del decreto para medir su impacto”, aseguró la consejera.

Además, la consejera agradeció la implicación interadministrativa en este ámbito, dado que cinco cabildos insulares han mostrado su respaldo a este decreto ley en la Comisión General de Cabildos.