Maroto explicó que el suelo municipal es “la materia prima que tiene el Ayuntamiento para construir vivienda pública”, pero lamentó que el Consistorio lo está vendiendo al sector privado y que Almeida ha "renunciado" a 9.200 viviendas “permitiendo que el incremento de precios siga siendo el de la burbuja”.

La portavoz cifró en 124 millones de euros la inversión anual para construir vivienda a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) que “no da para más”. Por ello, llamó a reforzar este modelo y a que se “triplique” el presupuesto alcanzando “al menos 600 millones al año” para “reducir la brecha entre el número de viviendas que se construye al año y los más de 52.000 madrileños y madrileñas que son solicitantes de vivienda pública”.

En esa línea, reprochó que aunque la bolsa de vivienda en la capital es de más de 51.000 Almeida “sólo ha construido, en seis años, 3.000 viviendas de alquiler asequible”. Maroto concluyó que el del Gobierno municipal es “un modelo fallido” y pidió la aplicación de “la Lley de Vivienda” y “las zonas tensionadas” que está generando una “contención donde se está aplicando, así como la “intervención del mercado” hasta que “se consiga garantizar el derecho a la vivienda”.

PLAN RESIDE A LOS TRIBUNALES

A juicio de Maroto, la segunda vertiente del problema de la vivienda pasa por los pisos turísticos. "No puede ser que más del 98% de todo el parque de viviendas de uso turístico sean ilegales y si lo es, es porque no se está aplicando la disciplina urbanística", apuntaló.

El Ayuntamiento de Madrid aprobó antes de verano el Plan Reside para regular los pisos turísticos y para generar más vivienda en la almendra central de la ciudad. La portavoz avanzó que en el PSOE están evaluando llevar esta estrategia a los tribunales porque “atenta contra el derecho a vivir en Madrid” y “pone en riesgo las viviendas que ahora mismo tienen los madrileños”.

“Con el Plan Reside el 73% de los edificios residenciales donde ahora mismo viven madrileños y madrileñas en la almendra central están en riesgo de convertirse en viviendas de uso turístico”, advirtió. Maroto puso como ejemplo el edificio de la calle Tribulete 7 cuyos vecinos están en “riesgo de expulsión como consecuencia de un fondo de inversión que los quiere echar”.

“Estamos analizando la legalidad del Plan Reside, desde luego, si nuestros servicios jurídicos así lo consideran, lo llevaremos a los tribunales porque nosotros sí estamos comprometidos con garantizar el derecho a vivir en Madrid”, aseveró.

Preguntada por la gestión de las viviendas turísticas desde su experiencia como exministra de Industria, Turismo y Comercio, argumentó que el problema con estos alojamientos tiene que ver con la “ilegalidad y el incumplimiento de la norma urbanística”. Subrayó también que es necesario aplicar la nueva ventanilla única digital de arrendamientos creada por el Gobierno para evitar el “fraude” en este tipo de alojamientos. “España es un país turístico y son bienvenidos los turistas, pero les tenemos que dar las espacios legales donde se tengan que alojar”.