A una pregunta de la diputada de Sumar Aína Vidal sobre las pensiones de personas con discapacidad, el Gobierno aporta el citado dato fechado a 10 de mayo. Estas pensiones de jubilación contributiva tienen una cuantía media de 1.439,45 euros al mes.

Los últimos datos que constan en la Seguridad Social corresponden al 1 de junio y consultados por Servimedia reflejan que las pensiones de jubilación contributivas alcanzaron las 6.465.738, con lo que las de personas con discapacidad suponen un 3,1%, y la cuantía es de 1.441,8 euros, ligeramente por encima.

En la respuesta parlamentaria, el Ejecutivo precisa que, de las 201.640 pensiones, una mínima parte, 4.646, son jubilaciones anticipadas con algún coeficiente reductor.

Además, de estas jubilaciones contributivas de personas con discapacidad, 17.958, el 8,9%, están causadas aplicando normas específicas para personas que han trabajado con algunos tipos de discapacidad, y su pensión media es de 2.014,35 euros.

Por otra parte, el Ejecutivo recuerda que la Seguridad Social protege a trabajadores afectados por una discapacidad con una prestación económica contributiva que es la incapacidad permanente (no la jubilación) e indica que el número de pensiones en vigor de esta clase asciende a 946.558, con una cuantía media de 1.160,88 euros.

Por último, indica que, mediante una orden ministerial del departamento de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que deberá ser sometida a consulta previa del Consejo Nacional de la Discapacidad, se aprobará el procedimiento de inclusión de nuevas patologías generadoras de discapacidad, así como su posible actualización periódica. “Se trabaja actualmente para la elaboración del procedimiento de inclusión de nuevas patologías generadoras de discapacidad”, traslada el Gobierno.

Recuerda que, para la cuantía de la pensión por jubilación anticipada, el coeficiente de reducción del 0,50 por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación que se aplica con carácter general como tope máximo no se aplicará en el caso de que sea una anticipada por causa de discapacidad.

Igualmente, reseña que, “por afectar a la estabilidad y viabilidad del sistema público de pensiones, cualquier modificación normativa que afecte a la materia deberá realizarse a partir de las recomendaciones del Pacto de Toledo y en el marco del diálogo social”.