De hecho, Melilla será sede este fin de semana de distintos actos en memoria de las víctimas del trágico salto a la valla, que además concluyó con la expulsión sumaria de cientos de personas.

Al programa de actividades también se sumarán los participantes en la ‘Caravana Abriendo Fronteras’ y la organización italiana Carovane Migranti, que este año ha puesto el foco en Melilla para iniciar su ruta de denuncia de vulneración de los derechos humanos.

Durante esta mañana tuvo lugar una mesa redonda bajo el título ‘Un año tras el 24J: Verdad, memoria y justicia antirracista. No más impunidad’. La activista Quinndy Akeju moderó la mesa, en la que participaron Hussein Mohamed, Omar Naji y Louelia MintElMamy, entre otros.

El domingo se desarrollará un encuentro con testimonios de fronteras a las 11.00 horas en el parque Miguel Hernández, en el que intervendrán Zahra Barati, hermana de un fallecido en el naufragio de Cutro el 26 de febrero, y María Herrera Magdaleno, madre de cuatro desaparecidos en la frontera mexicana y referente en la red de colectivos de familiares de personas desaparecidas.

A las 19.00 horas, la Plaza Menéndez Pelayo acogerá un 'círculo de silencio' para honrar a todas las víctimas.

En el apartado internacional, diferentes organizaciones europeas participan en el Foro Social Magrebí sobre Migración que se celebra en la ciudad de Nador bajo el lema ‘Nunca más Bario Chino, Por un Magreb libre de odio, xenofobia y racismo’.

MANIFIESTO

Más de 300 organizaciones firman el manifiesto 24-J, donde se denuncia que la mayoría de las personas supervivientes expulsadas de forma ilegal eran posibles solicitantes de asilo.

Muchas procedían de Sudán, un país inmerso en un conflicto armado que se ha ensañado durante años contra la población civil. Según datos del Ministerio del Interior, España ha concedido el 90% de estatutos de protección internacional a las personas sudanesas que lo solicitaron (dentro ya de territorio nacional) en los últimos cinco años. Según las entidades firmantes, “ninguno de los responsables ha sido investigado, y todos gozan de la más absoluta impunidad".

El manifiesto subraya que el 23 de diciembre de 2022, la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, archivó las diligencias sin exigir una investigación judicial. Se trata de “una decisión que incumple el deber de debida diligencia del Estado y vulnera el derecho de acceso a la justicia para las víctimas”, declaran los firmantes.

Asimismo, critican que el Estado español “ignora deliberadamente sus propias responsabilidades internacionales y atribuciones jurisdiccionales en materia de derechos humanos y de crímenes de derecho internacional, hasta tal punto que continúa sin abrir una investigación independiente e imparcial que permita a las víctimas y a sus familiares acceder a la verdad".

Por todo ello, exige el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su eliminación de listas electorales en las próximas elecciones, el compromiso público de los partidos políticos con la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, y la apertura de mecanismos de investigación independientes.

Las ONG piden además la concesión inmediata de protección internacional para todas las personas sobrevivientes de la masacre, así como el traslado a España de Basir, solicitante de asilo que tras denunciar vía judicial su caso, sigue sin poder salir de Marruecos.