Así se recoge en el acuerdo aprobado este martes por la propia Mesa del Congreso con los votos de PSOE y Sumar. El PP, por su parte, rechazó la propuesta y acusó a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, de “firmar el fin de la libertad de prensa”.

El texto señala que “toda denuncia de un hecho susceptible de sanción y emitida ante la Dirección de Comunicación, será remitida a la Secretaría General del Congreso para el inicio del procedimiento por acuerdo de la Mesa de la Cámara, que también podrá actuar de oficio”.

Incoado un procedimiento sancionador, la Mesa designará a una persona para que realice la instrucción, “que deberá ser funcionaria de las Cortes Generales adscrita al Congreso con al menos tres años de experiencia profesional”. La resolución del procedimiento “corresponderá a la Mesa de la Cámara, que tendrá en cuenta el informe instruido, así como la valoración emitida, en su caso, por el Consejo Consultivo, detallado en el punto III de esta Instrucción”.

Es decir, que el principal órgano de control de la Cámara, con mayoría de PSOE y Sumar, tendrá la última palabra en las sanciones a periodistas acreditados. También estudiará los recursos que se presenten contra su decisión, que deberán presentarse en los 15 días siguientes.

CONSEJO CONSULTIVO

El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria que remitirá el informe a la Mesa estará compuesto principalmente por políticos. El presidente del órgano será la propia Armengol “o la persona en quien delegue”, mientras que el vicepresidente segundo de la Cámara –que suele corresponder al principal partido de la oposición, en este caso, al PP– será el vicepresidente.

Todos los grupos parlamentarios contarán con un miembro en el Consejo Consultivo, en el que también estarán el secretario general de la Cámara, Fernando Galindo, y el director de comunicación del Congreso, aunque ambos podrán también delegar su cargo.

Además, participarán dos periodistas designados por la Mesa de la Cámara a propuesta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, dada su condición de entidad más representativa de los periodistas acreditados en el Congreso. No obstante, los informes se aprobarán por voto ponderado de los grupos parlamentarios, por lo que los periodistas no tendrán capacidad directa para influir en la toma de decisiones.

GRABACIONES

Por otro lado, con este acuerdo, “solo los representantes de los medios de comunicación acreditados como reporteros gráficos u operadores de televisión podrán realizar grabaciones dentro de la Cámara, los redactores literarios no podrán tomar imágenes en ningún caso, aunque sí registrar audio y los reporteros gráficos no podrán grabar vídeos”.

Además, se añade que “los reporteros gráficos y operadores de televisión se abstendrán de captar imágenes de los dispositivos electrónicos personales de los miembros de la Cámara y del Gobierno o del contenido de cualquier documento que los mismos empleen en el curso de las sesiones parlamentarias”.

Se prohíbe la grabación o toma de imágenes “con dispositivos móviles, así como con cámaras o material de grabación de manera engañosa”, así como “dirigirse a cualquier persona con un equipo de grabación en funcionamiento sin haber solicitado previamente su permiso”.

ACTUACIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE

Asimismo, este acuerdo señala que corresponde a la Dirección de Comunicación “fijar las condiciones en las que los representantes de los medios de comunicación pueden realizar su labor dentro de la Cámara, dictando aquellas instrucciones que se consideren oportunas en cada momento para la organización de su trabajo”.

También expone que las entrevistas o peticiones de declaraciones “solo se producirán con el permiso de la persona entrevistada” y “los representantes de los medios de comunicación deberán respetar dicha decisión, sin que puedan producirse seguimientos una vez que el interpelado, sea cual sea su condición, lo haya decidido”.

Según el texto, “todos los representantes de los medios de comunicación acreditados en la Cámara deberán firmar una declaración responsable por la que manifiestan el conocimiento de lo establecido en el Reglamento del Congreso y en los criterios fijados en el citado documento y su compromiso de observarlos”.