Estas son algunas de las propuestas contenidas en el borrador que Derechos Sociales trasladará a las comunidades autónomas para su debate en la próxima reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que tiene que ratificar el nuevo sistema de acreditación de residencias de ancianos, que actualiza el ratificado en 2008, según informaron fuentes del departamento dirigido por Ione Belarra.

Cabe recordar que la última reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrada el pasado 25 de mayo, concluyó sin acuerdo, por la oposición de las comunidades gobernadas por el PP y por algunas comandadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, que consideraron irrealizables las propuestas incluidas en el plan de Derechos Sociales por la falta de presupuesto.

A esa oposición se sumó el rechazo de las patronales englobadas en el sector de la dependencia y los sindicatos.

Tras ello, Ione Belarra reclamó a las comunidades autónomas “sentido de Estado” para poner en marcha un nuevo sistema de acreditación de residencias de ancianos.

Ante esta situación, Derechos Sociales ha reformulado su propuesta, en la cual se recoge que en las residencias para personas mayores se alcance en 2029 una ratio de tres profesionales de atención directa de primer nivel por cada siete residentes (0,43), una ratio que, en el caso de los centros para personas con discapacidad tendrá que ser de un trabajador por cada dos residentes (0,50).

En cuanto a la atención directa en su conjunto, en residencias para personas mayores, según la propuesta de Derechos Sociales, al finalizar 2029 habrá un profesional por cada dos residentes (0,51), y en los centros para personas con discapacidad tendrá que haber cuatro trabajadores por cada siete residentes (0,58).

Esto supondrá un incremento de más 34.294 puestos de trabajo en atención residencial y en centros de día en la atención directa de primer nivel (personal gerocultor, cuidadores y educadores) y de segundo nivel (psicólogos, fisioterapeutas y trabajadores sociales).

Los 34.294 empleos se dividirán de la siguiente manera: 21.071 trabajos en las residencias progresivamente hasta diciembre de 2029 y 13.223 en centros de día en diciembre de 2023.

Las fuentes consultadas precisaron que para realizar estos cálculos se entiende que el número de personas atendidas mediante resoluciones de atención residencial y de centro de día permanece constante.

Derechos Sociales recuerda que la financiación estatal a la dependencia se ha incrementado en esta legislatura, pasando de 1.390 millones de euros en 2020 a 2.629 millones en 2022.