Así lo puso de manifiesto la organización durante una jornada celebrada este miércoles en Madrid, que reunió a representantes de los ámbitos educativo, jurídico, policial y de protección de datos para avanzar en una respuesta coordinada frente al acoso escolar y el ciberacoso que afecta al alumnado autista.

En el estudio participaron 259 estudiantes de entre 8 y 20 años, escolarizados tanto en centros ordinarios como de educación especial, junto con sus familias o personas cuidadoras. La exclusión social fue la forma de maltrato más extendida y los resultados apuntan a que ninguna etapa educativa ni modalidad de escolarización está libre de estas situaciones.

La organización recordó que, según los datos del Ministerio de Educación correspondientes al curso 2024-2025, hay más de 108.000 estudiantes autistas identificados en enseñanzas no universitarias de régimen general. Representan el 1,30% del alumnado total y cerca del 34% de los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.

Durante la apertura de la jornada, la presidenta del Foro Justicia y Discapacidad y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Revuelta, afirmó que “la protección de los menores con autismo constituye una responsabilidad colectiva de agentes e instituciones”. Por su parte, la vicepresidenta de Autismo España, María Soledad Guerrero, reclamó “recursos y apoyos flexibles y suficientes, profesionales formados y entornos seguros”.

UNA GUÍA PARA COORDINAR LA RESPUESTA

Uno de los asuntos centrales del encuentro fue el trabajo de un grupo de expertos que lleva más de dos años elaborando una guía de actuación ante situaciones de acoso escolar y ciberacoso de alumnado autista.

En este grupo participan Autismo España, los ministerios de Juventud e Infancia y de Educación, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía de Menores, la Policía Nacional, la Guardia Civil, los agentes tutores, la Agencia Española de Protección de Datos y la Abogacía de Madrid.

El documento establece pautas comunes para prevenir, detectar e intervenir de forma temprana y coordinada, además de contemplar medidas de protección, seguimiento y resolución de conflictos. También presta especial atención a la accesibilidad y a evitar la revictimización del alumnado afectado.

En la clausura, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, calificó las reflexiones compartidas como “un llamamiento importante para el nuevo Gobierno” y pidió avanzar hacia “una legislación mucho más avanzada en materia de derechos digitales y menores”, que garantice entornos digitales seguros para los niños y jóvenes con autismo.

Asimismo, defendió reforzar la figura del coordinador de bienestar y el diálogo con las comunidades autónomas para garantizar “más personal y recursos en los centros educativos para atender al alumnado con discapacidad”.

La fiscal de sala de Menores, María Teresa Vicente, agradeció el trabajo de las instituciones participantes y recordó que todas persiguen “una misma finalidad: la protección de nuestra infancia, en concreto, de aquellos menores que tienen una vulnerabilidad añadida, como es el autismo”.