El escrito, que también firman Greenpeace y "Seas at Risk", pretende lograr que se agilicen los procesos para que se tomen medidas contra este tipo de arte que, a su juicio, está destruyendo los ecosistemas más vulnerables de los fondos marinos, como los corales de profundidad, las montañas submarinas y todas las especies que en ellos habitan.

En esta carta, Oceana y las otras organizaciones ponen de manifiesto tres aspectos que consideran fundamentales para que la Comisión Europea adquiera el protagonismo necesario y alcance acuerdos que se dirijan hacia la práctica de la pesca sostenible.

En un primer punto, señalan la evidencia de los daños de la pesca de arrastre en alta mar, demostrados, según afirman, con numerosos estudios científicos. En segundo lugar, las organizaciones conservacionistas se sorprenden de los argumentos de países que se oponen a la moratoria porque dicen que no será respetada por las flotas de otras naciones.

Para estas ONG, el argumento de que las leyes son violadas con frecuencia "jamás" debería servir para evitar que éstas se promulgen, sino para reforzar la vigilancia de su cumplimiento. "La Comisión Europea debería actuar como 'guardiana de los acuerdos' para asegurar el cumplimiento de las leyes".

La última llamada de atención de las ONG se refiere al papel de las Organizaciones Regionales de Gestión de las Pesquerías (ORGP), "que a pesar de ser fundamentales para tomar medidas en la pesca de arrastre en alta mar, son insuficientes porque la mayor parte de los océanos del mundo no tienen una figura con competencia legal que regule la pesca de profundidad y proteja la biodiversidad", explican.

Según los datos de Oceana, la flota de la Unión Europea es la responsable del 60% de las capturas en aguas internacionales. En este contexto, los barcos españoles pescan el 60% del total de la captura europea en esas aguas.