Así lo precisó en un comunicado en el que explicó que acaba de recibir la notificación por parte de la Subdirección General de Consumo, Comercio y Servicios de la Comunidad de Madrid que indica la apertura de un expediente sancionador a la empresa Madrid Salvaje AIE, al entender que constituye una “condición abusiva” para los consumidores “obligarles al pago en el recinto del festival, exclusivamente mediante el pago con pulseras cashless”.

En concreto, OCU denunció ante el organismo competente a dicha empresa por “varias irregularidades”. La primera de ellas, por la prohibición de entrada con bebida y con comida adquiridas fuera del recinto, al estimar que esta prohibición es “totalmente desproporcionada y un desequilibrio” que “perjudica” los derechos de los consumidores, ya que dentro del recinto los precios “suelen ser superiores a los normales de mercado”.

Además, con la "intención de excluir de esa medida a personas con condiciones médicas concretas", los organizadores solicitaban un certificado médico a los asistentes, lo que, según su criterio, "puede suponer una infracción de protección de datos personales especialmente protegidos como son los de salud”.

LIMITACIÓN DE EFECTIVO Y COBRO DE COMISIONES

Junto a ello, denunció a la promotora por la “limitación” del efectivo y el cobro de comisiones por la devolución del saldo restante, dado que la organización “obligaba” a los asistentes a utilizar un medio de pago telemático a través de las pulseras cashless como “único medio de pago” para adquirir bebida durante la celebración del evento y, además, cobraba un recargo por la devolución del saldo restante, lo que, a su juicio, resulta “abusivo”.

La organización calificó como un “avance en la protección de los derechos de los consumidores” la apertura del expediente por parte de la Subdirección General de Consumo, Comercio y Servicios de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de las condiciones “limitativas” de los derechos de los consumidores y por la “imposición de un sistema de pago distinto al efectivo”.

En este contexto, dijo “confiar” en que este expediente se resuelva con una sanción “ejemplificadora” para que “este tipo de abusos no se reiteren en el futuro, por este festival ni por ningún otro”, convencida de que este tipo de actuaciones “deben extenderse a otras administraciones públicas”.

“El escenario ideal es que las empresas organizadoras de estos festivales no incurran en irregularidades de este tipo y respeten los derechos de los consumidores. Los asistentes a este tipo de eventos se merecen disfrutar de ellos sin limitaciones a sus derechos”, resolvió.