La OCU se basa en su petición en el artículo 9,3 de la Constitución, es decir el principio de irrectroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales.

El ministro de Economía, Carlos Sochaga, justificó ayer la legalidad de esta nueva tabla, porque el derecho de irretractividad de las normas, según afirmó, empieza a contar cuando finaliza el periodo de devengo del impuesto, en este caso el 31 de diciembre de 1992.

Para la organización de consumidores, este planteamiento justificaría que "el Consejo de Ministros pueda reunirse después de la cena de Nochvieja, antes de la campanadas, y 'ajustar' las desviaciones presupuestarias con cargo a los contribuyentes".

La OCU recordó que el Defensor del Pueblo ya intervino para que el Tribunal Constitucional anulara el recargo del 3 por ciento sobre el IRPF que la Comunidad de Madrid impuso para la declaración de 1985.

En dicha sentencia, el Alto Tribunal afirmaba que "la retroactividad posible de las normas tributarias no puede trascender la interdicción de la arbitrariedad".

Según la OCU, el Gobieno se arriesga a una reacción similar al "catastrazo", es decir, una avalancha de recursos, ya que los contribuyentes estarían en su derecho de presentar su declaración con arreglo a la nueva tarifa y acto seguido impugnarla en los tribunales.

USO, TAMBIEN

Por su parte, USO (Unión Sindical Obrera) también estima que la entrada en vigor de la nueva tabla puede ser inconstitucional, y pide la dimisión de Carlos Solchaga por su falta de previsión, "haciendo gala, para colmo, en cada una de sus comparecncias, de una soberbia infinita".

El gabinete jurídico de USO realizará un informe sobre este aspecto, mientras que la OCU estudiara la forma de un posible recurso para ofrecerlo a los contribuyentes.