De este modo, las mujeres que hayan sufrido este tipo de violencia podrían disfrutar de todas las medidas de apoyo y reparación recogidas en la norma y acceder a los centros de crisis 24 horas, indicaron las 25 ONG, activistas y profesionales que forman la red. Ello implicaría proporcionar una formación especializada a las trabajadoras de estos centros de crisis.

Asimismo, las entidades miembros de la red pidieron al Gobierno la puesta en marcha de un ”protocolo interinstitucional y multidisciplinar” para atender esta realidad, que supere el enfoque meramente sanitario.

Lamentaron que a nivel nacional solo hay un protocolo médico para las víctimas, que no se revisa desde 2015 y que tampoco cuenta con indicadores para su medición.

Por último, exigieron una financiación suficiente para implantar estos servicios y garantizar una atención adecuada a las más de 80.000 mujeres procedentes de países donde se practica la MGF que viven en España. En este sentido, apostaron por extender la figura de las mediadoras culturales y por fomentar la implicación de las mujeres de la comunidad.