Los operadores muestran su desagrado por la posible revisión de los objetivos de reducción de emisiones de CO₂, y advierten sobre los riesgos de introducir una “excesiva flexibilidad” en la regulación.

La organización considera que cualquier modificación en los estándares europeos puede afectar negativamente la inversión en infraestructuras de recarga, comprometiendo el avance de la movilidad eléctrica en España y en toda la UE.

Por ello, insta a la Comisión Europea a garantizar un marco regulatorio estable y a adoptar medidas concretas para acelerar la electrificación del transporte, asegurando la competitividad de la industria y la confianza de los inversores.

“Es esencial que se mantengan los objetivos previamente fijados, sin modificaciones, para garantizar la seguridad jurídica que respalde las inversiones en la electrificación del transporte por carretera”, indica la misiva.

Para AORU, si se continua con la flexibilidad “puede tener un efecto de desincentivación de la inversión y, por ende, de reducción de la competitividad de la industria europea”.

La entidad reclama “medidas contundentes para incrementar la penetración de vehículos eléctricos en las flotas automovilísticas de la Unión”.