Las organizaciones promotoras de esta iniciativa ven en la futura taxonomía social un elemento que podría aportar claridad para los inversores en cuanto a la definición de sostenibilidad social, a la vez que ayudaría a dirigir capitales hacia actividades que garanticen el respeto de los derechos humanos así como a promover inversiones para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, en especial para las personas más desfavorecidas.

Según los firmantes de la carta, el propio grupo asesor de la Comisión sobre Finanzas Sostenibles publicó un informe técnico destacando varios méritos de una dimensión social para la taxonomía de la UE. Además, el propio Reglamento de Taxonomía de la UE ordena a la Comisión Europea publicar propuestas para desarrollar la dimensión social de la taxonomía, algo que todavía no ha sucedido.

En su carta, enfatizan que “una taxonomía social reforzaría la política social existente de la UE, como el Pilar Europeo de Derechos Sociales, las Estrategias de Igualdad o la iniciativa para erradicar el trabajo infantil o el trabajo forzoso”. Además, sostienen que “contribuiría a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible al igual que la taxonomía ambiental contribuye a la implementación del Acuerdo de París sobre el Clima”.