El incidente se produjo en la noche del sábado, cuando unos desconocidos lanzaron varios artefactos incendiarios al interior del caserío Arretxe, una construcción que había sido catalogada para su protección por el Gobierno vasco, en un momento en que la ex edil y sufamilia se encontraban dentro.

En declaraciones a Radio Nacional, la ex concejal de Altzo (Guipúzcoa) manifestó que procederá a la reconstrucción del caserío arrasado y expresó su consternación por el hecho de que para la comisión de este atentado se haya vinculado su anterior trayectoria política como edil del PNV con su labor actual como abogada en procedimientos incoados contra municipios gobernados por EH.

"No tiene nada que ver ejercer el cargo (como concejal del PNV en Altzo) con el incumplmiento de la ilegalidad. El que yo haya sido cargo del PNV no significa que permitamos que se cometan ilegalidades y que aquí no pase nada", dijo.

Zubiarrain explicó que, entre los casos pendientes de resolución en los tribunales contra decisiones adoptadas por ayuntamientos de EH, destacan los referidos a supuestos delitos por fraude electoral, prevaricación o malversación de caudales.

De igual modo, denunció algunas prácticas habituales de los gobiernos locales en manos de EH en relación con lo ediles de la oposición, a quienes, dijo, "se les niega toda la información, no se les entregan las actas, les hacen la vida imposible, les abren expedientes o se conceden licencias municipales a unos y a otros se les niegan".

Por último, la abogada afectada manifestó su convencimiento de que los autores del atentado "fueron a hacer daño", si bien reconoció que "no esperaba que se atrevieran contra mi casa".

La vivienda arrasada formaba parte del patrimonio histórico vasco y había sido seleccionaa por el Gobierno vasco en un catálogo de caseríos que aún mantenían su estructura original. En su interior se guardaba "un montón de documentación", explicó Zubiarrain, "como el libro de hidalguía de la familia, de doscientos o trescientos años de historia".