Esta es una de las conclusiones del ‘Informe de la desigualdad en España 2022: El impacto de la pandemia’, elaborado por la Fundación Alternativas, cuyas conclusiones se publicaron este miércoles.

El trabajo pone de manifiesto que “la pandemia ha agravado la precariedad del sistema de cuidados” en España, “un sistema que ya hacía aguas antes de la crisis sanitaria, aquejado de importantes deficiencias de diseño, ya que hace recaer la mayoría de los cuidados en las familias con el apoyo de unas prestaciones y servicios escasos, infrafinanciados y prestados en condiciones muy precarias, tanto en el caso de la atención domiciliaria como, de forma muy visible durante la pandemia, en el de las residencias”.

En ese sentido, estipula que el sistema de cuidados “no garantiza una atención adecuada y suficiente a las personas dependientes y cuyos trabajadores tienen unas condiciones laborales muy precarias, problemas que se vieron agravados durante la primera ola de la pandemia”.

A su vez, el texto destaca que la declaración del primer estado de alarma provocó “una parálisis temporal del sistema y una cierta ‘refamiliarización’ de las tareas de cuidados”, como consecuencia del cierre de los centros de día y el temor provocado por el exceso de mortalidad por covid-19 en residencias.

Tras la reactivación del SAAD en verano de 2020, se produjo un incremento del número de solicitantes y beneficiarios y una disminución de la lista de espera. En términos netos, el sistema ganó más de 134.000 beneficiarios y el denominado ‘limbo de la dependencia’ se redujo en alrededor de 73.000 personas entre marzo de 2020 y junio de 2022.

Por su parte, el informe atestigua que la pandemia ha provocado una merma de la atención institucional de los dependientes (residencias y centros de día) en favor de la atención familiar y domiciliaria como “alternativa de bajo coste”, que suele ser “insuficiente” y llevada a cabo en “condiciones precarias”.

Los autores del estudio señalan que los fallecimientos relacionados con la pandemia en España se han concentrado en las personas más vulnerables, como lo ilustra que entre marzo de 2020 y junio de 2022 se calcula que fallecieron 86.565 beneficiarios del SAAD más de lo esperado, de los que casi el 40% tuvo lugar en las residencias, especialmente durante la primera ola.

Por otro lado, el texto afirma la necesidad de afrontar “un debate en profundidad” sobre el modelo residencial para dejar atrás el actual, avanzando hacia modelos que ofrezcan entornos más familiares que faciliten el desarrollo y “aseguren la dignidad de las personas, sea cual sea su grado de dependencia”.

Tras alabar la “reactivación” del sistema luego del desarrollo del Plan de Choque en Dependencia, el informe concluye que “los cambios resultan claramente insuficientes y han supuesto una ocasión perdida para llevar a cabo una reforma de calado que garantice el derecho universal a los cuidados, así como los derechos de todas las personas implicadas en el mismo: personas dependientes, trabajadoras y familias”.

A juicio de los autores, “se sigue primando un modelo de ‘bajo coste’, centrado en buena medida en las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar (de escasa cuantía) frente a la alternativa de un modelo universal basado en servicios públicos, con cobertura y atención suficiente, a la vez que persiste una bolsa importante de personas con derecho reconocido, pero no atendidas y serios problemas de equidad interterritorial”.