El estudio sitúa a España en el puesto 39 de 175 países analizados para configurar un índice global de facilidad para hacer negocios, que sintetiza diez aspectos relacionados con la vida de las empresas.

Son el papeleo para ponerlas en marcha, la legislación laboral, la obtención de crédito, el tiempo y coste para registrar la propiedad, la protección de las inversiones, el pago de impuestos, las facilidades para comerciar con el extranjero, la protección de los contratos, la licencia para abrir almacenes y las reglas para cerrar una empresa.

España ha bajado del puesto 38 al 39 de este índice en la última edición de "Doing Business", pese a que el propio Banco Mundial señala que ha efectuado reformas favorables al mundo de la empresa en el sistema de obtención de licencias y el registro de la propiedad.

Un análisis regional, más significativo en términos comparativos, sitúa a España en el vigésimo puesto entre 23 países de la OCDE analizados, sólo por delante de Portugal, Italia y Grecia. Los cuatro primeros puestos los ocupan, por este orden, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña.

ENTORNO LABORAL

En el caso concreto de los trámites para arrancar un negocio, los 47 días de España se comparan muy negativamente con casi todos los países de su entorno: ocho en Francia, 27 en Bélgica, 29 en Austria, 18 en Reino Unido o cinco en Estados Unidos.

En cuanto al entorno laboral, el Banco Mundial estima que en España es más difícil contratar trabajadores y aumentar o reducir el número de horas de trabajo que en el promedio de la OCDE. En cuanto a los costes de despido, expresado en semanas de salario a pagar por trabajador licenciado, el promedio de la OCDE es de 31,3 semanas y en España de 56,3.

Los trámites para pagar los impuestos también son más onerosos, ya que el tiempo invertido por una firma de tamaño medio es de 602 horas, frente a 202,9 estimadas como promedio en los países de la OCDE.

De acuerdo con los datos del Banco Mundial, el consuelo llega para las empresas españolas al final de sus días, ya que las bancarrotas se tramitan con más agilidad y menos costes que en la OCDE.

Los procedimientos de suspensión de pagos se prolongan en España durante una media de un año (1,4 en la OCDE), con un coste que supone el 7,1% del patrimonio (14,5% en la OCDE) y una tasa de recuperación (para empleados, acreedores y Administración) del 76% (74% en la OCDE).

El Banco Mundial asegura que el informe del que se desprenden estos datos (que incluye desde Estados Unidos al Congo, y desde Suiza hasta Botswana) ha contado con la aportación de más de 5.000 abogados, contables, jueces, hombres de negocios y cargos públicos de las 175 economías investigadas.