En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el portavoz de la formación nacionalista, Feran Bel, explicó que se trata de modificar la Ley 41/2003 “a efectos de que todas las aportaciones que se realicen a un patrimonio protegido de un discapacitado, independientemente de la legislación aplicable --ya sea la estatal o la civil de aquellos territorios con normativa propia--, tengan los mismos beneficios fiscales”.

Recordó que en el año 2003 se estableció una ley estatal para la protección patrimonial de las personas con discapacidad y que en 2011 Cataluña aprobó una modificación de su Código Civil a fin de regular “los mecanismos de constitución de patrimonios protegidos para la gente con discapacidad”.

Sin embargo, prosiguió, “empezó a haber una interpretación por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria según la cual, los beneficios fiscales que se habían establecido en la legislación estatal del 2003 solo eran aplicables a aquellas personas que constituyeran patrimonios protegidos de acuerdo con la legislación estatal”.

La gran mayoría de familias catalanas constituían dichos patrimonios de acuerdo con el código civil autonómico, “el que les era de aplicación”, indicó, y recibían unas actas de comprobación por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria donde se les negaban los beneficios fiscales.

A estas personas no se les podía aplicar otra legislación, y sus resultados suponían “un agravio”, criticó. Ferran puso el ejemplo de unos padres que aportan 10.000 euros al patrimonio protegido de un hijo con discapacidad, en previsión de que cuando ellos falten, este tendrá que sufragar una residencia o asumir distintos gastos.

“Pues bien, en el resto del estado, estos 10.000 euros podían deducirse de la base imposibles del IRPF y no tributar por ellos”, resaltó, algo imposible en Cataluña. Una situación muy similar ocurría con la legislación foral navarra, que también tiene un Código Civil propio, señaló Ferran. "Esto también es hacer política”, y así “finalizamos una situación de agravio que tenían la mayoría de catalanes y catalanas que aportaban estos recursos en favor de sus hijos”.