Aeste, Asade, Ceap, Fed y Lares denunciaron en un comunicado que "de aprobarse en los términos actuales, esta reforma tendrá un impacto muy negativo en un sector esencial que ya sufre una financiación insuficiente y enfrenta importantes retos en la captación y cualificación de profesionales".

Según las patronales, uno de los principales desafíos del sector es la "grave escasez" de profesionales cualificados, por lo que consideran que "sin un plan de contingencia adecuado" la reducción de la jornada agravará la situación. "Esta medida, aunque pueda tener buena intención, ignora la realidad de un sector con importantes carencias estructurales y pone en riesgo la continuidad de los servicios que se prestan a personas en situación de dependencia", insistieron.

MÁS PROFESIONALES

Según el documento 'Estimación de necesidades de trabajadoras de cuidados de larga duración a 2030' del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) podría necesitar un total de 751.300 profesionales en 2030, de los que 261.400 serán incorporaciones adicionales (un 53% más que en la actualidad). "Este escenario, ya de por sí exigente, se volverá insostenible con una jornada reducida sin los recursos adecuados".

La reducción de la jornada laboral que el Ejecutivo espera sacar adelante implicará un aumento de las plantillas, pues el servicio de atención a personas con dependencia requiere de una "atención ininterrumpida, lo que supondrá una carga económica adicional inasumible, tanto para las familias usuarias de servicios privados, como para las entidades proveedoras que verán comprometidos sus márgenes y sostenibilidad económica", alertaron.

Esto podría derivar, indicaron, en una "fragmentación de la atención, rotación constante del personal con la consiguiente pérdida de la confianza entre usuario y cuidador, pudiendo afectar negativamente a la experiencia de las personas atendidas".

Las patronales también advierten del impacto de esta medida en la actual Ley de Desindexación que, recordaron, impide actualizar los precios de los contratos durante su vigencia, lo que impide reflejar los nuevos costes derivados de la medida. "Esta rigidez normativa amenaza la viabilidad económica de muchas entidades y servicios".