Dicho anteproyecto, cuya fase de consulta pública concluyó ayer viernes, deroga parte de las bonificaciones existentes para que las empresas contraten personas con discapacidad.

Ello puede afectar tanto a las empresas ordinarias como a unos 2.300 centros especiales de empleo, que tienen en plantilla a más de 98.000 personas con discapacidad, y al Grupo Social ONCE, donde un 59 por ciento de los empleados tiene discapacidad, según explicaron a Servimedia fuentes del sector.

En concreto, la normativa que prepara Trabajo elimina la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, cuya plantilla por ley debe superar el 70% de personas con discapacidad.

Solo para los contratos de carácter indefinido se establecen unas bonificaciones lineales, iguales que las que se aplican a las empresas ordinarias. Sucede lo mismo con el Grupo Social ONCE, que cuenta con esta bonificación desde 2012 para las personas con discapacidad.