El caso de Joaquín José Martínez, el primer ciudadano con nacionalidad española condenado a muerte en Estados Unidos, es uno de los centenares en los que AI teme que las autordades buscan una víctima propiciatoria a falta de pruebas.

Amnistía defiende que continúa la discriminación racial en la lista de reos, año tras otro: 16 de los 45 presos ejecutados en 1996 eran miembros de minorías étnicas. La inmensa mayoría de los muertos fueron condenados por el asesinato de una víctima de raza blanca.

Algunos estados están endureciendo sus legislaciones respecto a la apelación del reo: Texas redujo el presupuesto para contratar abogados para los condenados y acortó el period de apelación; el estado de Oregon llevó a cabo el 6 de septiembre de 1996 su primera ejecución desde 1962.

Los estados que consumaron la pena de muerte el año pasado fueron: Virginia (8), Carolina del Sur (6), Missouri (6), Texas (3), Delaware (3), Arizona (2), California (2), Florida (2), Georgia (2), Oklahoma (2), Alabama (1), Arkansas (1), Illinois (1), Indiana (1), Louisiana (1), Nebraska (1), Nevada (1) y Utah (1).

El estado de Florida, que ha condenado a Joaquín José Martínez, está entre ls que cuentan con la pena de muerte en su legislación y la aplican 'de facto'. Aunque el tribunal que le condenó no pudo encontrar ninguna prueba en el lugar del crimen, Joaquín José Martínez tiene dos "particularidades" en contra: es hispano y se le acusa de matar a cuchilladas a una mujer blanca y a balazos a un amigo también de raza blanca.