Así lo acordó esta misma mañana el Consejo de Ministros, dando luz verde al Real Decreto que ratifica las condiciones de utilización de la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

“La Ley 27/2007 supuso un hito en lo referente al reconocimiento de los derechos de las personas sordas", manifestó el presidente de la Cnse, Roberto Suárez, "si bien, como toda ley, requiere de actos de aplicación específicos que aseguren su cumplimiento y concreten su alcance".

A falta de conocer el texto definitivo del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 27/2007, pendiente aún de publicación en el BOE, la Cnse se mostró confiada en que esta nueva norma facilite que el articulado de la Ley aterrice en medidas concretas para la ciudadanía sorda.

La aprobación del Reglamento debería contribuir a que el cumplimiento de la Ley 27/2007 fuera igualitario en todo el territorio español, de manera que todas las personas sordas tengan acceso al ejercicio pleno de sus derechos independientemente del lugar donde vivan.