Según informó la PTS, este colectivo aspira a que la referida Ley incluya la adopción de medidas tendentes a “identificar y solucionar las situaciones de exclusión residencial, infravivienda y emergencia habitacional”.

También solicitó que se prioricen las actuaciones para “garantizar una vivienda adecuada, digna e inclusiva para las personas en situación de mayor vulnerabilidad social y en emergencia habitacional”.

En ese sentido, a pesar de celebrar la inclusión de la vivienda social como una necesidad de emergencia, reclamó que se incluya a las personas que se encuentran en situación administrativa irregular.

A su vez, la PTS reafirmó la necesidad de que el texto incluya “instrumentos efectivos” para “asegurar la funcionalidad, la seguridad, la accesibilidad universal y la habitabilidad de las viviendas, garantizando así la dignidad y la salud de las personas que las habitan”.

Del mismo modo, abogó por incluir una “referencia expresa al derecho a que las viviendas tengan garantizado el acceso a los suministros de electricidad, agua y gas, en condiciones de seguridad, regulándose la prohibición del corte de dichos suministros por impago a aquellas personas y familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad”.

Este colectivo mostró su preocupación ante el hecho de que la vivienda perteneciente al parque público pueda ser gestionada por entidades privadas que tengan entre sus fines “otros que no sean el de garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada y solicita que se mantenga la titularidad en manos de las Administraciones Públicas”.

Por último, ratificó su intención de presentar una serie de enmiendas al articulado de la Ley, coincidiendo con la tramitación parlamentaria de la norma.